El antecedente cordobés de la “Conadep de la Corrupción” de Ernesto Sanz



Por Pablo Esteban Dávila

p07-1La propuesta del presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, de crear una “Conadep de la Corrupción” tiene, en la provincia de Córdoba, un decidido déjà vu. Si se hace un poco de memoria, Luis Juez fue el primero en lanzar una idea semejante hace poco más de diez años, en oportunidad de anunciar la denominada “Comisión Investigadora de la Gestión Kammerath”, popularmente conocida como CIGeKa.
Si se lee el “primer informe” de aquella comisión –presentado el lunes 2 de febrero de 2004 y escrito por el periodista Guillermo Borioli (llamativamente, un ex funcionario de Kammerath), se advierten un par de párrafos introductorios que no tienen desperdicio. Uno de ellos dice lo siguiente: “el Jefe comunal (NdR: Luis Juez) identificó a la Comisión como ‘la Conadep de la corrupción’ -en alusión al cuerpo de notables que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar- y advirtió que el fin a alcanzar es encontrar ‘la verdad de lo que sucedió en los últimos tiempos en la Municipalidad y exigir respuestas a algunos fiscales, muy ligeros para juzgar a los ladrones de gallinas pero muy lentos con los poderosos’”.
El siguiente párrafo pretende emparentar la CIGeka con la historia grande, llegando a la siguiente desmesura: “el ‘Nunca Más’, compilación final y ejemplar de la Comisión Nacional de Desaparecidos, afirma en su prologo que nace ‘no para juzgar sino para acusar’ y sienta entonces precedentes inequívocos. La CigeKa, asumida en aquella lógica democrática (…), dilucidará conductas y afirmará principios, para que la corrupción sufra el revés que la sociedad reclama”.
¿Qué sucedió con aquellas frases grandilocuentes y las certezas de Juez respecto a que existieron “inconductas para hacer dulce” durante la gestión de su antecesor y que aquella fue “la más corrupta en la historia del municipio de Córdoba”? La respuesta es simple: no sucedió nada. Y no porque existiesen complicidades de Kammerath y su gente con la justicia (en aquellos días era más fácil condenarlos que absolverlos) sino porque la CIGeKa fue un papelón sin atenuantes. Todas sus famosas denuncias fueron desestimadas por el fiscal que tuvo que investigarlas porque “los hechos denunciados no encuadran en figura penal alguna”. Fin de la historia.
En realidad, las famosas investigaciones de aquella comisión se basaron en un sistema de delaciones públicas que hubiera hecho empalidecer de vergüenza al mismísimo Stalin. El problema es que los delatores fueron pocos y que, en términos reales, no aportaron absolutamente nada. El “primer informe” de la comisión enumeró catorce posibles delitos, la mayoría de ellos ya denunciados cuando Kammerath todavía era intendente y también archivados por diferentes fiscales. La factura de aquel informe fue tan deficiente que el Carlos Hairabedián (entonces miembro pleno del gabinete de Juez) se vio obligado a informarle a su jefe que aquello era un mamarracho, apenas “una nota periodística”.
Seis meses después de presentado, la GIGeKa sólo pudo reunir material suficiente como para denunciar efectivamente tres hechos (el 21% de los originales), de los cuales uno había sido previamente archivado (el caso “Municipio Digital”), mientras que el otro (contratación de la empresa OCA para distribuir correspondencia), no sólo que fue archivado sino que, posteriormente, fue el propio intendente Juez quien renovó aquel contrato sin licitación, absolviendo por la vía administrativa aquello que había denunciado penalmente.
Si bien el fiasco de aquella primitiva “Conadep de la Corrupción” fue absoluto, sus denuncias fueron amplificadas acríticamente por buena parte de la prensa, como si se tratasen de cosa juzgada. Posteriormente, y tras las desestimaciones de la justicia, fueron muy pocos los periodistas que llamaron la atención sobre la manifiesta irresponsabilidad y ligereza con que el intendente Juez y sus concejales manejaron un tema tan sensible. Siempre es más fácil difamar que reparar, un juego al que el cuarto poder suele prestarse muy alegremente.
Aquel bochorno probablemente haya hecho olvidar a Juez de reclamarle a Sanz el copyright por este tipo de creaciones pero, aún así, el senador no escarmienta. Lejos de advertirle de los peligros de establecer comisiones especiales, le recomendó que su eventual Conadep comenzara con “el radicalismo de Córdoba”, dado que “emblemáticos dirigentes están emparentados con hechos de corrupción a partir del manejo irregular de fondos públicos en la Municipalidad”. No son conceptos que se esperan de alguien que pretende sellar un acuerdo político ni, mucho menos, los de un dirigente que, cuando tuvo la oportunidad de demostrar la veracidad de sus acusaciones, terminó empantanado en un lodazal de falsedades dictadas por sicofantes y mitómanos.
La ópera bufa de la CIGeKa debe hacer recordar a los políticos bien intencionados (como sin duda lo es Sanz) que no deben buscarse atajos a la labor de jueces y fiscales. Crear comisiones especiales de investigación no sólo es ilegal y antirrepublicano sino que, además, se presta a linchamientos mediáticos que nada tienen que ver con el ideal de la justicia. El símbolo de un Luis Juez todavía denunciando a diestra y siniestra, sin haber probado jamás una sola de sus acusaciones, es suficientemente patético como para no olvidar los riesgos que entraña el hacer política exclusivamente sobre la honra ajena.