El caso Monsanto, un ejemplo de cobardía política

Por Pablo Esteban Dávila

KD9L2851“Ya pasó. Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Le rechazó el estudio de impacto”. Así respondió el gobernador José Manuel de la Sota a una pregunta de Cadena 3 sobre la radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. La pelota quedó ahora exclusivamente en la cancha del intendente de aquella ciudad del gran Córdoba. Por trascendidos, no parece que Daniel Arzani esté dispuesto a inmolarse en una causa que, por estos días, parece perdida.
Parece increíble que una inversión de 1.600 millones de pesos y que prometía la creación de más de 300 empleos directos se encuentre en entredicho debido a más que dudosos argumentos ambientalistas. También mueve a preocupación que Monsanto no haya tenido mayores defensores dentro de la clase dirigente cordobesa. El hecho que el gobernador le haya soltado la mano es, apenas, un símbolo de la medianía conceptual con que se mueve la política en Córdoba, un sayo que le cabe tanto al oficialismo como a la oposición.
A mediados de 2012 nada parecía anticipar este escenario. Un exultante De la Sota anunciaba en el Centro Cívico esta importante radicación. La propia presidente de la Nación, enemiga declarada del gobernador de Córdoba, también había recibido de buen grado la noticia a manos de los propios ejecutivos de la multinacional. Si, pese al abismo que los separaba, la Casa Rosada y el gobierno provincial habían coincidido en las bondades del proyecto era porque -se suponía- el fomento del complejo agroindustrial era una política de Estado, de las pocas que podía exhibir la Argentina.
Pero todos se equivocaron. A pesar que, en a lo largo y ancho de la pampa húmeda, existen numerosas plantas con un proceso de producción de semillas similar al que tenía pensado establecer Monsanto en Malvinas Argentinas, bastó la evocación del nombre de la multinacional para que el tradicional obscurantismo de algunos movimientos ambientalistas pusiera en marcha su arsenal de visiones apocalípticas. Minúsculos grupos de agitadores bloquearon durante meses la obra civil de la empresa (pese a que contaba con las correspondientes autorizaciones para comenzar su construcción) sin que ningún fiscal se atreviera a terminar con la ilegalidad de este accionar. Los infaltables partidos de izquierda se plegaron rápidamente a este embate con sus marchas y protestas, demostrando un carácter anti proletario que habría hecho avergonzar a Karl Marx; sólo la izquierda argentina se opone a que existan más obreros.
Buena parte de la prensa local jugó un papel importante en todo este equívoco. Lejos de informar con la verdad, lo hizo con la mentira o, al menos, desde el sesgo ideológico. No hay que ser un experto en el análisis de medios de comunicación para darse cuenta de parte de quién estuvo un sector importante del periodismo en todo este asunto. Nótese la diferencia en el uso de las palabras: los escasos militantes que bloquearon la construcción de la planta durante meses fueron denominados “activistas”, mientras que los obreros que intentaban, de vez en cuando, ingresar al predio para trabajar fueron denostados como “patotas”. Cualquiera que, desprevenidamente, hubiera escuchado o leído las noticas en torno al conflicto podría haber deducido que se trataba de un conflicto entre “idealistas” y “burócratas sindicales”, convenientemente cooptados por “el capital trasnacional”, una polarización absolutamente divorciada con la realidad.
Podría suponerse que ambientalistas, partidos de izquierdas y cierta clase de periodistas se encuentran configurados por la misma matriz ideológica, del tipo que tradicionalmente desconfía del capital extranjero y que eleva al medio ambiente a una categoría de sacralidad sobre la que nada puede decirse, ni observarse, ni disentir. Es lamentable que así sea pero, en definitiva, es una opción tan válida como la opuesta. Sin embargo, este talante no debería ser trasladado linealmente al resto de la sociedad, especialmente cuando se trata de un asunto en el que la provincia tiene mucho que perder.
Córdoba tiene un destino agroindustrial manifiesto. Esto se encuentra fuera de discusión. Sus productos agrícolas llegan a todas partes del mundo y contribuyen a la alimentación de millones de seres humanos. No parece que existan actividades más nobles que esta. Dado que la producción de alimentos necesita, como es fácil advertir, de la existencia de semillas de calidad, firmas como Monsanto son claves para garantizar que la cadena de valor del sector agropecuario. Favorecer la inversión en este rubro significa, por lo tanto, asegurar el futuro de la economía provincial, la innovación tecnológica y la creación de puestos de trabajo viables y calificados.
No obstante esta certeza, la dirigencia política se abstuvo de apoyar esta radicación, como también callaron empresarios y sindicalistas. Con frases políticamente correctas respecto a la “necesidad de esperar el estudio de impacto ambiental” y otras naderías, su silencio fue reemplazado por el griterío sin sentido de un ecologismo acrítico, tan en boga por estos tiempos. Ni siquiera la Unión Cívica Radical (partido al que pertenece Arzani) dijo gran cosa, como tampoco lo hizo el peronismo, responsable de los destinos de la provincia hasta el 2015. Hasta el intendente de Río Cuarto, el también radical Juan Jure, firmó un decreto demagógico denegando una autorización que nadie le había pedido. Simbólicamente, fue Monsanto contra el mundo. Y no porque existiese, a priori, un consenso monolítico sobre que esta empresa fuera la encarnación del demonio, sino porque quienes tienen la responsabilidad institucional de hablar, esclarecer y liderar, simplemente optaron por callar, temerosos de aparecer como defensores de causas contaminantes pese a enormes pruebas en contrario.
En Rojas, provincia de Buenos Aires, existe una planta gemela a la que Monsanto pretende instalar en Malvinas. No parece que, por esta causa, aquella ciudad haya sufrido ninguna catástrofe. Hay decenas de plantas similares en todo el país trabajando pacíficamente junto a sus comunidades sin que haya protestas, bloqueos o denuncias. El famoso estudio de impacto ambiental de Córdoba tampoco es tan malo: aduce problemas de tránsito y requiere mayor información sobre el destino de algunos residuos; poca cosa para tirar por la borda una inversión tan estratégica. El problema no es, por consiguiente, la amenaza ambiental; es el nombre de la empresa y de lo que este evoca en un país tan obscenamente distanciado de la racionalidad.
En el fondo subyace la pregunta del comienzo: ¿porqué Monsanto tuvo tan pocos defensores? La respuesta es triste, pero indudable: por cobardía. Por estas horas es posible asistir a un espectáculo lamentable, en el cual la dirigencia provincial abdica públicamente de su deber de hacer lo correcto por temor a quedar pegada a una causa que, gracias a extravagantes preconceptos, parece impopular. Es mucho menos riesgoso nombrar más empleados públicos que defender la radicación de una empresa directamente vinculada al perfil productivo de Córdoba. Esto es lo que sucede cuando los dirigentes terminan siendo dirigidos por el humor social, una inversión de roles que sólo puede augurar sociedades crecientemente reaccionarias y alejadas del progreso.