La reforma del Código Penal y Bob Esponja

Por Pablo Esteban Dávila

2014-03-06BOBESPONJANo es una novedad que buena parte del país se encuentra muy preocupado por el tema de la inseguridad. Razones no faltan: robos, asesinatos, sicarios, narcotráfico; las crónicas policiales son cada vez más escatológicas. Prácticamente ninguna familia puede afirmar que es virgen en este asunto. Alguno de sus integrantes, de seguro, ha sufrido algún hecho de violencia en los últimos tiempos.
Esta realidad produce un comprensible desasosiego, que obliga a modificar hábitos y adoptar medidas de precaución en hogares y traslados. Los que pueden, ponen rejas y alarmas o se mudan a barrios cerrados; los que no, se encierran en sus casas a partir de cierta hora, mientras los malvivientes se adueñan de las calles y deambulan como vampiros en busca de sangre.
Esta no es una figura literaria. Cada vez más delitos terminan en sangre. Muchos, por el macabro placer de matar que algunos delincuentes parecen sentir; otros, por saldar cuentas pendientes o cumplir con el encargo de algún mafioso disgustado. En ciertos barrios de las grandes ciudades la muerte se ha transformado en una diosa pagana a la cual se rinde culto con tatuajes y armas. Hay todo una cultura de la marginalidad que la celebra, incluso con el recurso hipócrita de rosarios blancos adornando los torsos de sus devotos.
Frente a esta realidad, imposible de comprender desde los valores que moldean a la mayor parte de la sociedad, el discurso político es disperso, vacilante, jabonoso. Algunos propugnan más dureza y castigos ejemplares a los delincuentes, mientras que otros parecen victimizarlos mediante el recurso (cada vez más sospechoso) de explicaciones estructuralistas que terminan responsabilizando al capitalismo por la marginalidad que produce la inseguridad. Este enfoque dual posee proporciones curiosas. Si se le preguntara a la gente por cada una de estas posturas, la mayor parte apoyaría políticas de mano dura. Sin embargo, entre la clase política una encuesta parecida resultaría en el predominio de la segunda posición. Esta diacronía entre el sentimiento social y el pensamiento de la dirigencia es fuente de equívocos y deslegitimaciones.
Quizá el debate que recién empieza sobre la reforma de Código Penal ilustre como ningún otro la divergencia que se percibe. Según las informaciones preliminares, el anteproyecto que el gobierno tiene en sus manos es substancialmente más benigno que el actualmente vigente lo cual, dadas las circunstancias, parece una broma de mal gusto. Pero no todos piensan así. Muchos integrantes de la oposición coinciden ideológicamente con los sustentos teóricos que impulsan la reforma y, si el kirchnerismo prometiese respetar algunos de sus puntos de vista, hasta es posible que lo acompañen con su voto en el Congreso, tal como lo hicieron con la confiscación de las AFJP y las estatizaciones. Mal que les pese a los opositores que buscan la quimera de un discurso unificado contra Cristina, el gobierno les ha tirado un buen “petardo ideológico” con el que romper su unidad en uno de los temas más sensibles de la actualidad.
Otros, por supuesto, se oponen a que el Código Penal sea reformado en el sentido que pretende el oficialismo. No es casual que uno de ellos sea el presidenciable Sergio Massa, alguien que hizo fama instalando cámaras de seguridad en el municipio de Tigre. Massa dijo lo que muchos sienten: que el proyecto tiene “un mensaje muy peligroso para los delincuentes: (que) delinquir es gratis, y (que) los delitos más graves, entre ellos el tráfico de drogas, serán excarcelables o sufrirán reducción de pena”. No obstante, la posición del diputado nacional – a juzgar por los epítetos que le dedicaron – pareció molestar a buena parte de la comunidad política, especialmente su propuesta de someter esta reforma a una consulta popular.
Massa, obviamente no es un analfabeto jurídico. Él sabe que no puede consultarse al pueblo por temas relacionados a impuestos o legislación penal. La propia Constitución lo prohíbe. Su jugada no estaba destinada al juez supremo Raúl Zaffaroni (uno de los más indignados con esta idea) sino al electorado cuyo voto procura continuar seduciendo. Entre agradar al garantista Zaffaroni y a los sufridos vecinos del conurbano bonaerense, Massa se quedará siempre con esta última opción. La jugada de Massa puede entenderse como un adelanto de su programa presidencial. Desde ese punto de vista es oportuna y, probablemente, bienvenida. Pero lo que desconcierta no es el proyecto de alguien que todavía es oposición, sino la desconexión entre lo que el kirchnerismo hace y lo que dice en materia de seguridad. Hasta el 2015, es el gabinete nacional quién tiene las responsabilidades del caso.
No hace falta ser un analista sofisticado para darse cuenta de esta conducta esquizoide. Mientras los talibanes de Cristina se aprestan a dar otra batalla estilo Verdún para lograr la aprobación de un Código Penal de corte garantista, algunos de sus funcionarios y mentores ideológicos se quejan del avance de la delincuencia. Tómese el caso de, por ejemplo, el titular del SEDRONAR, el cura Juan Carlos Molina. Dijo ayer que “es una realidad que la droga está en la calle, (y que) los pibes se falopean y toman como esponja”, una frase que quedará grabada en la historia de los sincericidios. Molina sabe por experiencia propia que esta es la antesala del delito, no obstante que el gobierno que integra ha trabajado como ninguno para despenalizar el consumo de estupefacientes. En cierta manera, el lamento por esta generación de Bob Esponjas es abstracto; el kirchnerismo ha sido particularmente eficiente en vaciar a la sociedad de valores desde los cuales poder juzgar lo que ocurre. La propia presidente acaba de conceder a estos pibes (a quienes adivinamos como los célebres “ni – ni”) un subsidio de dudosas consecuencias prácticas.
Es probable que Molina peque de diletante al afirmar este tipo de cosas, pero otros no pueden argumentar tal beneficio. El presidente de la Corte Suprema es uno de ellos. Al inaugurar el año judicial, Ricardo Lorenzetti acaba de advertir que “el narcotráfico (…) está afectando el Estado de Derecho”. Sin embargo, fue uno de los que criticaron la posición de Massa, como si un Código Penal en apariencia más laxo no alentara a quienes deciden emprender el lucrativo negocio de la venta de drogas. Además, y en una sugerente coincidencia, la propia Corte acaba de amonestar al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por mantener las prisiones preventivas de aquellos que han sido condenados en primera instancia, en contra de su última jurisprudencia. Es difícil advertir de cómo los delincuentes podrán llegar a temerle a la justicia con tales antecedentes.
Un paisaje urbano poblado por malvivientes, drogadictos, ladrones, sicarios y narcotraficantes es tentador para todos aquellos que gustan de las comparaciones. “Cada vez nos parecemos más a Colombia”, es una frase que se escucha a menudo. No obstante, deben ponerse las cosas en claro. Si la sentencia se refiere al accionar de los narcos no hay nada que objetar; la Argentina se desliza hacia ese modelo. Ahora bien, si “parecerse a Colombia” también supone una decisión política de combatir la inseguridad y el avance de los delincuentes (como sí lo hizo el estado colombiano a través de los años), en esto no hay similitud alguna. Brilla en la clase política nacional la falta de decisión para encarar estos flagelos. Hay un cóctel bastante delirante de razones ideológicas, déjà vu revolucionarios y perezosas apelaciones a la represión de la dictadura que inhibe los reflejos de supervivencia que cualquier dirigencia, en una sociedad civilizada, debería tener frente a este desafío cotidiano contra la vida y las propiedades de sus integrantes. La relación entre el Código Penal y los Bob Esponjas del padre Molina es tan evidente que sólo los obnubilados por este cóctel fatal están incapacitados para verla.