España debate aborto y seguridad

Por Gabriela Origlia
Especial desde Barcelona

Por estos días los españoles están inmersos en un debate que moviliza a buena parte de la sociedad: los cambios impulsados por el conservador gobierno del Partido Popular (PP) sobre la vigente ley que autoriza los abortos y que en 2010, cuando fue aprobada durante la administración socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fuera una legislación de punta en Europa. Las reformas –que fueron presentadas en medio de las fiestas de Fin de Año- restringen el aborto a los casos de violación y de riesgo para su salud física o psíquica de la mujer.
Los cambios, con la anuencia del presidente Mariano Rajoy, son defendidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Establecen entre otros puntos que los riesgos para la mujer deberán “acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto” quienes, además, no deberán trabajar en el mismo centro de salud. Para decidir si interrumpe o no el embarazo la mujer tendrá siete días. Los médicos podrán hacer objeción de conciencia y se prohíbe la publicidad de las clínicas que practican abortos.
La ley en vigencia permite abortar hasta la semana 22 de gestación por grave riesgo para la salud del feto; y sin límite cuando se trata de una enfermedad extremadamente grave e incurable o una anomalía incompatible con la vida. Para eliminar la anomalía fetal como causa de aborto, el PP asume la posición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), quienes sostienen que permitir el aborto “para evitar el nacimiento de un niño con discapacidad” es discriminatorio. Implícitamente considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de otra persona sin discapacidad”.
De todas formas, esta organización entiende que una ley en la que la mujer no tenga que alegar ninguna causa para interrumpir su embarazo (como hace la actual en las primeras 14 semanas) sería adecuada: “Una regulación estricta de plazos, sin distinción ni diferencias por razón de discapacidad, no contiene elementos contrarios o incompatibles con una perspectiva de derechos humanos y discapacidad”.
La discusión por las modificaciones impulsadas trasciende a España y genera críticas y apoyos en toda la Unión Europea. El Gobierno francés fue uno de los primeros en expedirse y directamente calificó a la iniciativa como un “retroceso”. La ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, afirmó que es “terrible” ver que “en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio”. También decenas de agrupaciones de mujeres francesas, inglesas, italianas y españolas se proclamaron en contra del ante proyecto. En España, donde se suceden las movilizaciones de diferente magnitud, se llega a corear el pedido de “aborto retroactivo para Gallardón”. Por supuesto, las redes sociales son la otra vía en que se encausa el debate.

Seguridad con privados
Los sectores más progresistas y especialmente los jóvenes no sólo reclaman contra los cambios en la ley del aborto sino que ya vienen elevando su voz desde que se aprobó una norma que da nuevas funciones a los guardias privados. Por ejemplo, podrán pedir la documentación y revisar a los ciudadanos que les resulten sospechosos y hasta detenerlos hasta tanto lleguen las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el Gobierno argumentan que no puede haber arbitrariedad, ya que sólo “podrán hacerlo si observan que se comete un delito en su zona de vigilancia”. Es un razonamiento muy débil. Los lugares donde pueden actuar los vigiladores privados son la calle, espectáculos deportivos y culturales, áreas comerciales y urbanizaciones privadas. Eso sí, no podrán interrogar!
Además, la norma califica como “falta muy grave” los escraches y las concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El esquema incluye ir a una protesta o manifestación encapuchado, cortar el paso en una calle o insultar a las fuerzas de seguridad. Las críticas apuntan a la existencia de una limitación a las expresiones democráticas.