Déficits provinciales podrían alcanzar los $ 30 mil millones

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Gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

El gobernador chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, dio marcha atrás con las subas al personal de seguridad. Argumentó que, según la Constitución, “cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas es nulo” y que “un aumento de $ 8 mil es imposible”. En realidad puso negro sobre blanco respecto de la situación que atravesarán las Provincias para cumplir con las subas firmadas en medio de las medidas de fuerza de la Policía y los saqueos. Por supuesto, el déficit de las provincias presionará más los desequilibrios macro en 2014 y terminará por empujar la emisión monetaria de la Nación y agregando presión a los precios.
(Viene de Tapa)
El gerente de Análisis Económico de la consultora Abeceb.com, Mariano Lamothe, explica la situación fiscal de las provincias para este año: “Esperamos un 2014 mucho más complicado de lo que ya se sabía que era complejo”. Recuerda que los gobernadores, en 2012 y 2013, fueron las que hicieron el ajuste fiscal; mejoraron el panorama porque las subas a los empleados de todos los sectores de la administración pública estuvieron por debajo de la inflación, lo que licuó la nómina salarial. Para el 2014, antes de los incrementos a las fuerzas de seguridad, el rojo estimado era de $10 mil millones. Con la suba salarial otorgada y una del 24% proyectada para el resto de los agentes estatales, el déficit se incrementaría en unos $ 10 mil millones.
Si el ejercicio se lleva al extremo, y se supone que el alza para el resto de la planta sea similar al otorgado en promedio a la policía, el déficit superaría los $30 mil millones, “lo que generaría serios problemas a las finanzas provinciales y nacionales”, dice Lamothe y subraya que “de alguna manera” se va a tener que financiar esa necesidad de recursos. “Sabemos que el mundo no está deseoso de prestar dinero a la Argentina; más allá de los gestos desde la Nación, los mercados internacionales siguen cerrados. Así el financiamiento podría ser por una mayor emisión de deuda de dólar link y más dependencia de la administración central”, resume.
Recuerda que en el 2013 vencía acuerdo de renegociación de deuda de las provincias con la Nación, pero las nuevas circunstancias obligan a extenderlo, lo que inyectaría entre seis y ocho mil millones de pesos. El resto se completaría con transferencias discrecionales o ATN. “¿Cómo se financia la Nación? –se pregunta Lamothe-. Con emisión, lo que le pone más presión para solucionar problemas macro como es la necesidad de recortar subsidios, lo que hoy es muy difícil porque el problema social quita libertad para eliminarlos”.

Problema cíclico
Un informe de la consultora apunta que las provincias parecen estar destinadas a incurrir en déficits. A excepción del 2010, año en el que gracias a los Aportes del Tesoro Nacional sólo Buenos Aires incurrió en déficit, desde 2003 en adelante las cuentas fiscales provinciales han ido en deterioro. Detrás de esta situación, según los autores del trabajo, hay varios factores estructurales. Por caso, las transferencias de responsabilidades de gastos. Mientras que en los ´80 las provincias corrían con el 28,9% del gasto a nivel nacional, hoy alcanza el 43,1%. Hasta el 2000 las jurisdicciones recibían un 23% del consolidado de recursos (neto de seguridad social) y hoy reciben el 18,6%.
También pesan las modificaciones al esquema de coparticipación y la creación de nuevos impuestos no coparticipables; con los cambios los gobernadores perdieron aproximadamente un 21% de participación en la distribución primaria (Nación-Provincias). Con todo, el monto a distribuir a las provincias en forma automática fue perdiendo participación al pasar de ser un 46% de la recaudación total en 1993 a un promedio de 33% entre 2005 y 2012. Esto sucede a pesar de que el artículo 7 de la Ley Nº 23.548 establece que el monto no podrá ser inferior a un 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central. El reporte subraya que debe considerarse el avance de la política nacional sobre las fuentes tributarias provinciales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Impuesto a los Bienes Personales, que por sus características -gravan una base imponible que en su mayoría es fija- son de naturaleza provincial.
Otro punto a considerar es la fijación centralizada de políticas, como es la determinación del piso de las paritarias. Al tener la partida de remuneraciones una menor incidencia en el gasto de la Administración Nacional (17% versus cerca de 50% en los estados provinciales), el Gobierno central tiene un incentivo a otorgar mayores aumentos.
También entran en este conjunto las transferencias discrecionales de Nación a provincias, que resultan ser variables de ajuste según las necesidades del Estado Nacional. Mientras que el Programa Federal de Desendeudamiento Provincial, si bien ha sido un gran alivio para las gobernaciones, no llegó a sanear las cuentas públicas provinciales.