Nuevo acuerdo de precios, viejas tonterías

Por Pablo Esteban Dávila

DYN02.JPGEnternece la actual polémica por el nuevo “acuerdo de precios” anunciado recientemente por el gobierno y que comenzará a regir hoy. Causa maravilla contemplar tanta inocencia de parte de quienes la protagonizan. Por un lado, las asociaciones de consumidores; por el otro, los funcionarios de economía y el jefe de gabinete Jorge Milton Capitanich. Ambos actores son una muestra cabal de la absoluta falta de entendimiento de las cuestiones económicas más básicas que padece hoy nuestro país, ignorancia de sólo podría atribuirse a tiernos párvulos de precaria escolarización.
Los consumidores se quejan de que el nuevo acuerdo de precios que se aplicó tras un “aumento indiscriminado en todos los productos”, o que “arranca con precios muy altos (porque) los empresarios elaboraron un colchón que les permita manejarse durante 90 días”. Militan en este bando los agrupados en la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) y los que rodean al socialista Héctor Polino en torno a la liga “Consumidores Libres”, una curiosa denominación para alguien que cree más en el Estado que en el mercado.
El lamento es procedente (efectivamente, los precios han aumentado) pero no está bien fundamentado. Para estas asociaciones, la fijación de precios es una posibilidad de la que gozan pocos actores muy codiciosos y organizados como oligopolios, por lo que el incremento en los valores de los bienes de consumo se debe a su excesivo afán de lucro y a la complicidad del gobierno, que les facilita continúen engordando sus bolsillos a expensas de los pobres, los trabajadores y los jubilados. Sólo la corrupción de los K permite que los precios de los productos básicos aumenten en la forma que hacen. Algo más de rigor de parte de la Nación con estos señores y el problema se acabaría.
¡En qué mundo tan simple vive esta gente! La economía es mala porque hay gente mala. La culpa de todo la tienen los empresarios avariciosos y los funcionarios que les hacen la vista gorda. La solución está a la vuelta de la esquina: con mejores seres humanos, no existiría la inflación, ni la pobreza, ni – acotamos nosotros – el INDEC. Nadie se preocuparía de medir el índice de precios en una economía guiada por las buenas intenciones y el compromiso de don Pepe de no aumentar el pan a doña Rosario todas las semanas.
No deja de ser edificante, asimismo, el esfuerzo de los esclarecidos funcionarios nacionales que, pese a las dudas y sospechas de la Asociaciones de Consumidores, no cesan en su patriótica brega de detener la escalada de precios. No importa que el malogrado Guillermo Moreno haya intentado innumerable cantidad de veces contener la espiral inflacionaria mediante congelamientos – aprietes – torniquetes – compromisos – juramentos de precios sin que hayan sido nunca coronados por el éxito; sus sucesores ahora honran su memoria fatigando un camino que, aseguran, dará finalmente sus frutos.
Como tanto Capitanich como Axel Kicillof son tipos realistas, el flamante “Acuerdo de Precios” se encuentra limitado sólo a 187 productos necesarios para la supervivencia humana. Nada de lujos. Afortunadamente, el Estado nacional se ocupa de definir qué cosas necesita el argentino promedio, desechando las pavadas que el consumismo neoliberal obliga a adquirir a los desprevenidos consumidores. El valor de cada artículo ha sido cuidadosamente negociado con sus productores, algo que, aparentemente, se olvidó de hacer Moreno. El ex secretario optó por “congelar” a “acordar”, un craso error. Si hubiera sabido que esta era la estrategia, tal vez todavía permanecería en su cargo. Este cambio en la actitud de los funcionarios garantiza que ahora haya resultados allí donde antes no los hubo.
Tanto las Asociaciones de Consumidores como el gobierno confían en que la bondad salvará a la economía, aunque ambos se desconfíen mutuamente. Aquellas, porque consideran que con un poco menos de codicia y de corrupción las cosas se arreglarían rápidamente; este, porque apela a empresarios que, honrando su condición de buenos samaritanos, se comprometen a despojarse de cualquier pretensión de rentabilidad y congelar los precios de casi doscientos productos para felicidad de los argentinos. Adam Smith y David Ricardo deberían dejar de ser estudiados. En su lugar, los nombres de Polino y Capitanich deberían ser esculpidos en los frontispicios de las facultades de economía.
Tales bobadas son las que producen nuestra simpatía, porque sólo mentes simples (o deliberadamente perversas) pueden sostener las cosas que proclaman estos señores. En esta línea debe incorporarse a Augusto Costa, un Moreno algo más sofisticado pero con idénticas convicciones. El Secretario de Comercio Interior admitió recientemente a Página 12 que existe una “dispersión de precios”, atribuible a “la capacidad para fijar condiciones de mercado por parte de los actores concentrados”. Una maravilla. Lamentablemente todos están equivocados, profundamente equivocados, aunque presenten sus simplezas bajo el barniz de la solidaridad y otras sandeces. Estamos frente a un nuevo acuerdo de precios que no deja de ser la misma tontería de siempre.
Pretender detener un proceso inflacionario con este tipo de acuerdos es ridículo e inoficioso. Hay sobradas muestras de ello. También lo es discutir sobre si los precios sujetos a estos acuerdos han sido congelados antes o después de aumentarlos. ¿Quién se acuerda de lo que valía un jabón o un litro de leche seis meses atrás? ¿Contra qué compararlos? Este tipo de discusiones es bizantina, así como lo es el mecanismo elegido por el gobierno para mostrarse activo frente a un fenómeno que, aparentemente, no termina de comprender.
La inflación es producto de la emisión espuria de dinero. Esto lo sabe cualquiera, incluso los que dicen detestar a Miltron Friedman y a todo lo que tenga tufillo a economía clásica. La cuestión no es, por consiguiente, qué es lo que la genera sino porqué se imprime más dinero a sabiendas de sus consecuencias. La respuesta es muy simple: porque al igual que otros períodos de la historia argentina, el Estado gasta mucho más de lo que le ingresa. Debe fabricar más billetes porque lo que recauda a través de una presión impositiva inédita no le alcanza para pagar todos sus gastos. El modelo nacional y popular, al final del camino, ha caído en la misma trampa que otros modelos menos glamorosos: confundir el estatismo con el interés nacional, el gasto público con desarrollo social. Este sofisma, cuya falsedad ha sido tantas veces probada, ha llevado a la ruina los deseos de gloria eterna del kirchnerismo.
Pero lo peor no es esto. En general, la clase política argentina ha sido pródiga en lo que al gasto público se refiere. Esta conducta no es una novedad atribuible sólo a los K. Lo preocupante es que la mayoría del tejido social y buena parte de los comunicadores argentinos sigan tragándose el caramelito del neoliberalismo y las cursilerías que se dicen de las grandes certezas de la economía. Dicho sea en otras palabras: que la mayoría de la gente siga reclamando que se distribuya mejor aquello que no se produce y que, si se continúa en esta senda, que no se producirá jamás.
Sólo una reducción del gasto público podrá disminuir la inflación. Pero para ello deben terminarse con los subsidios que a tontas y a locas reparte el gobierno, eficientizar el gasto del Estado, sincerar precios y tarifas de servicios públicos y replantearse si las estatizaciones de empresas que se han llevado a cabo en los últimos años han sido necesarias y si han cumplido alguna de las funciones que se les asignaron. Hasta que nadie se anime a plantear estos asuntos seriamente, la inflación seguirá haciendo sus jugarretas. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores y el gobierno continuarán confiando en que la fuerza de voluntad y la abstinencia empresaria solucionarán el entuerto sólo para encontrarse, algunos meses después, que la ilusión de precios “acordados” terminó desvaneciéndose bajo la avalancha de papeles pintados con los rostros de Roca y de Evita.