La Caja, madre de todas las batallas entre Nación y Provincia



Por Pablo Esteban Dávila

giordanoEl informe del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba es razonablemente alentador. Aunque prevé un déficit de 900 millones de pesos para el año próximo, nada parece indicar que el organismo se encuentre próximo a una suerte de default. Esto, sin duda, es un mérito de la administración provincial y de Osvaldo Giordano, quien se encuentra próximo a cumplir siete años en su conducción.
Para llegar a este estado de cosas hubo que pasar por muchas dificultades. A mediados de 2009, el entonces gobernador Juan Schiaretti estableció disposiciones draconianas tendientes a detener el déficit que amenazaba al sistema previsional cordobés, una decisión que fue rechazada con violencia por parte de los sindicatos públicos, especialmente por el SUOEM y el gremio de Luz y Fuerza. Más recientemente, José Manuel de la Sota impuso el diferimiento semestral entre los incrementos de los haberes de los trabajadores activos con respecto a los pasivos, con la esperanza que la inflación hiciese su trabajo y licuase el impacto de las subas salariales en la dilatada nómina de la Caja, una jugada que, a la luz de la actual situación, parece haber cumplido con su propósito.
Estos antecedentes permiten inferir que la dialéctica entre el gobierno y el organismo es compleja. Por diversas razones que no corresponde analizar aquí, los jubilados provinciales cobran, en promedio, tres veces más que sus homólogos nacionales, una asimetría que es llamativa y que genera, previsiblemente, dificultades financieras. Además, no puede soslayarse el hecho que los beneficiarios de la Caja son 90.000 personas (casi todas ellas antiguos empleados públicos) por lo que el asunto de las transferencias indirectas de los impuestos que pagan los trabajadores del sector privado hacia estos jubilados –con haberes más altos de los que previsiblemente ellos tendrán en el futuro– no deja de ser una cuestión directamente vinculada a la justicia redistributiva o, en este caso, a la falta de ella.
Estos condimentos hacen que la Provincia intente minimizar por todos los medios la necesidad de aportes extraordinarios del tesoro para enjuagar el déficit del organismo. Descartado por el momento que se logre una relación entre aportantes–beneficiarios más adecuada (la tendencia es la opuesta) sólo queda el expediente de buscar que otros pongan la plata que falta. Uno de ellos es la ANSES, obligada genéricamente a colaborar al mantenimiento de las Cajas de Jubilaciones cuyas provincias hubieran optado por no traspasarlas a la Nación cuando se crearon las AFJP a mediados de los ’90. Pero la ANSES siempre tiene otros planes, muy diferentes a los de andar ayudando a los gobernadores con problemas, especialmente si son opositores. En este sentido, Córdoba ha tenido mucho menos suerte que otras provincias más pequeñas, para las que sí han existido fondos y convenios especiales de financiamiento de sus respectivos déficits previsionales.
En su momento, Juan Schiaretti tuvo el mérito de obligar a la Nación a firmar un acuerdo para que la ANSES colaborase con la suerte económica de los jubilados provinciales. Lo hizo mediante un convenio celebrado en diciembre de 2009 que, como todo el mundo sabe, la Casa Rosada mandó a incumplir cuando recién se había ejecutado un pago. De la Sota, heredero de aquella situación, intentó por todos los medios que desde el gobierno nacional se retomase a la senda del entendimiento, recurriendo a las más variadas dotes de seducción. Pero sus esfuerzos terminaron en la nada, una frustración que determinó que rompiese ruidosamente con Cristina Fernández promediando 2012.
En rigor, ha sido la Caja la madre de las batallas entre la Nación y la Provincia. Fue el detonante de otra serie de conflictos que, sin su previo concurso, probablemente se hubieran solucionado en forma un tanto más anónima. El problema tiene dos aspectos que lo hacen relativamente inmune a las buenas intenciones. En primer lugar, existe un convenio incumplido con una redacción muy clara que los funcionarios nacionales se empeñan en desconocer; en segundo término Córdoba cede –como lo hacen las demás provincias– un 15% de su coparticipación para financiar a una ANSES que hace ya muchos años es superavitaria y que, de hecho, presta dinero con tasas de intereses negativas a diferentes empresas y otros organismos públicos. Ambos componentes integran un combo que irrita a cualquier gobernador con dificultades financieras.
Esta furia institucional –llamemos así a la impotencia de observar de cómo otros se quedan con recursos que se consideran propios– se retroalimenta cada vez que Giordano se encuentra en la necesidad de reclamar al ministro Ángel Elettore que le envíe alguna que otra decena de millones de pesos para poder cumplir con las jubilaciones del mes, en un contexto de suba de impuestos y incrementos de los costos operativos del Estado. La dimensión del déficit de la Caja se advierte claramente cuando se comprende que representa casi el 70% del incremento anual otorgado a la policía provincial tras su algarada del pasado 3 de diciembre. De la Sota tiene el derecho a suponer (y es seguro que efectivamente lo hace) que si la Nación hubiera cumplido con el convenio suscripto con Schiaretti el salario policial no se hubiera resentido tanto en los últimos años.
Desde esta perspectiva, el tema de la Caja no sólo es el origen de la confrontación entre Córdoba y la Casa Rosada sino que también contribuye a la explicación monocausal de casi todas las angustias, tanto las reales como las ficticias, que padecen los moradores del Centro Cívico. Esta fue la casi excluyente estructura conceptual del largo lamento del gobernador respecto a la discriminación que sufría la provincia, hasta que el estallido del narcoescándalo hizo sospechar que, detrás de la arcadia aparentemente frustrada por culpa de Cristina, existían problemas irresueltos puertas adentro de la administración delasotista. Fue la emergencia inesperada de estos inconvenientes estrictamente locales los que debilitaron las protestas del gobernador, ahora vuelto a la defensiva desde el punto de vista simbólico.
Sin embargo, y más allá de las actuales penurias del cordobés, el asunto de la Caja sigue latente. No debe olvidarse que la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente una resolución sobre el pleito iniciado por el gobernador respecto al incumplimiento de los fondos adeudados, y que la Nación continúa devengando deuda a favor de Córdoba por su negativa a continuar negociando otro acuerdo. Además, el hecho que el Ministerio de Finanzas deba continuar sufragando un déficit que, aunque menor en relación a otros períodos fiscales, continúa amenazando las cuentas públicas, señala una fuente permanente de tensión tanto con la Casa Rosada como con los contribuyentes que, con mucho de razón, acusan al gobierno de utilizar sus impuestos para beneficiar un organismo de los empleados públicos que, en rigor de verdad, debería autofinanciarse.
En resumidas cuentas, por más que Giordano sea un administrador probo y eficaz de las jubilaciones públicas, el déficit de la Caja existe y exige un tributo de frecuentes tensiones políticas. Por ahora, todo hace suponer que será la Provincia la que deba seguir poniendo los recursos que faltan. Hasta el momento ha podido hacerlo, aunque no sin estrés y conflictos gremiales, pero… ¿podrá continuar pacíficamente por esta senda durante el próximo año sin que se destrabe la situación con la ANSES? ¿Alcanzarán los fondos para un Estado que debe afrontar subas salariales significativas tras el conflicto policial? Son cuestiones de una centralidad que difícilmente podrá ignorarse en los meses que se avecinan y que condicionarán cualquier acercamiento que De la Sota pretenda realizar con la Nación.