Reunión clave: empresas cierran juicios (reparo por fecha de inicio)



Por Yanina Passero
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p06-1Con una cláusula de estricto hermetismo, el despacho principal de la Secretaría de Transporte municipal fue la sede de la última reunión que mantienen las empresas de transporte locales por los juicios iniciados por el conocido “boleto barato de Luis Juez”. El preacuerdo entre las firmas Ciudad de Córdoba y Coniferal y la Municipalidad capitalina divulgado a mediados de año se materializó ayer en el marco de las conversaciones para ultimar detalles menores para la firma de los contratos de concesión definitiva del remodelado sistema de transporte urbano de la ciudad.
En resumidas cuentas, la gestión del intendente Ramón Mestre pagará a las damnificadas con bonos de consolidación de deuda por 48 millones de pesos, además de la condonación de deudas impositivas con la caja municipal que promediarían otros 12 millones de pesos. El asunto quedó zanjado ayer, según confirmaron a Alfil prestigiosas fuentes del Palacio 6 de Julio, al tiempo que intentaban restarle importancia a los trascendidos que surgieron del mismo sector empresario que apuntaban a que la convocatoria tendría por objeto la firma de los contratos de concesión.
Desde el municipio confirmaron, sin pretensiones de exhaustividad, que la adjudicación definitiva se estaría realizando antes de Navidad. Lo cierto es que la presunta “calma radical” al respecto, no se correspondería con las urgencias del sector empresario. Muchas de las preocupaciones actuales de las cuatro firmas protagonistas –además de las cordobesas conocidas se sumaron desde septiembre Ersa y Autobuses Santa Fe- fueron puestas en consideración de los jefes del área de Transporte en el encuentro privado de ayer.
El primer desvelo común a todas las empresas refiere al lapso de tiempo estipulado para realizar las inversiones necesarias para cumplir con los requerimientos del contrato. Sucede que, si la concesión se hace definitiva sobre las fiestas de fin de año, quedarán sólo dos meses para solicitar créditos bancarios y reacondicionar la flota, entre otras exigencias acordes con los nuevos estándares de prestación del servicio público.
En este contexto, el contrato funciona como un activo que facilita la calificación y utilización de las vías financieras de importancia clave, sobre todo para las compañías anotadas en el proceso licitatorio cuyas cuentas y posibilidades son más lábiles. En esta situación se encuentra la empresa Ciudad de Córdoba, sacando una ventaja negativa a sus colegas en este sentido.
El reloj en contra para concretar las inversiones que fijan los pliegos en virtud de la demora en la firma del contrato, propició una nueva observación que el sector empresario ya acusó a los funcionarios municipales garantes del proceso. Los actores de la jugada de gestión más importante de Mestre, entienden que “será complicado” arrancar en marzo, como establece el cronograma oficial. Si la firma de instrumento legal se concreta antes de fin de año como prometen los funcionarios mestristas, el empresariado tendrá poco más de 60 días para acomodarse a los nuevos requerimientos.
Advierten que, sin duda, ése será un episodio de “raspaje” entre las partes y motivará la firma del contrato con reservas, según confió un asesor legal de una de las empresas. Incluso, afirma que se requerirían hasta tres meses más para cumplir con todo. No obstante, aseguran que se realizará el máximo esfuerzo para evitar una negociación por los plazos que, acotan, no se escenificaría antes de que llegue la hora de largada señalada: el 3 de marzo.