Policías rechazaron oferta; esperan a De la Sota



DPP_0006El auto-acuartelamiento de las bases policiales y la quita de servicio provocaron saqueos en comercios y generaron una sensación justificada de inseguridad.
Una postal con reminiscencia 2001, sólo que esta vez contra un gobierno peronista.
Ante los primeros hechos, el gobernador José De la Sota decidió volver de Colombia (llegaba a la madrugada) para intervenir en las negociaciones que mantenía el Jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, con los agentes representados por el ex legislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini, quienes pedían mejoras salariales.
Al cierre de esta edición, los huelguistas habían rechazado una oferta de Provincia que mejoraba algunos de los ítems planteados (ver apartado “el reclamos concreto”) pero no avanzaba sobre el reclamos de un sueldo básico de 13 mil pesos. Hoy continúan las reuniones.
En los últimos tres meses la fuerza de seguridad se convirtió en el centro de la escena política. El asunto comenzó con las denuncias periodísticas que desencadenaron una investigación judicial, la detención de buena parte de la cúpula de Drogas Peligrosas, la salida del entonces jefe de Policía, Ramón Frías, y del ex ministro de Seguridad, Alejo Paredes.
Todos hechos que impactaron de lleno en la intención de voto el pasado 27 de octubre: el peronismo oficial tuvo una fuerte merma en su caudal electoral con respecto a las Paso de agosto, lo que dio paso a un mayor crecimiento de fenómenos trasversales como el de Héctor Baldassi (Pro) y Carolina Scotto (Frente para la Victoria).
En el ámbito de las especulaciones se encuentra la teoría de la manipulación y el fogoneo del asunto por parte del kirchnerismo, a través de los fiscales federales presuntamente alineados. Sino verdad, al menos verosímil. No obstante, la corrupción en el seno policial iba instalándose en la opinión pública a fuerza de sucesos poco claros (como la muerte del agente Juan Alós a las horas de explotar el caso en los medios) y con eso, se incrementaba el descreimiento generalizado de la institución.
La cuestión del narcotráfico, aun no esclarecida, también dio muestra del agotamiento de un organigrama y una política del orden basada durante más de diez años en el empoderamiento de la cúpula policial. Véase: el comisario mayor Alejo Paredes llegó a ser Ministro de Seguridad, y en los hechos, jamás dejó de mandar en la fuerza por más que Ramón Frías tuviera en la hombrera la insignia de jefe.

Reacomodamientos
La renuncia del ex ministro Paredes y de la cúpula policial no pueden ser pasada por alto a la hora de analizar el origen del conflicto que ayer dejó sin seguridad a Córdoba. Con otra lógica diferente a la de las urnas, la institución policíaca es también un espacio de luchas agonales, de pugnas por el poder.
Una fuerza por definición vertical como único modo de ser, al encontrarse debilitada, da lugar a expresiones de protesta como la que llevan a cabo agentes que son el espectro más territorial. Está en juego la consigna (mejores sueldos), pero también un reposicionamiento interno.

El reclamo concreto
Ayer Ortiz Pellegrini había leído un documento vertido por los agentes acuartelados en la sede de barrio Cerveceros, que ponía de manifiesto las peticiones.
Entre las mismas se incluían: 1) No sanción a policías que participan de la protesta por escrito y no cuestionamiento al jefe o al subjefe policial. 2) Un sueldo básico de 13 mil pesos. 3) Proporcionalidad de adicionales con relación al sueldo, tarea nocturna y feriados. 4) Que se note la diferencia de sueldo con las jerarquías.5) Gasto de uniforme ajustable a lo que vale la prenda. 6) Recargo de servicio con cargo al 100 por ciento. 7) Plus salarial para personal de calle. 8) ART como corresponde. “Una aseguradora de riesgo de trabajo (ART) como la gente”, dijo Ortiz Pellegrini. 9) Control de faltas leves. Los recursos no pueden ser presentados por el superior que sancionó. 10) Comedor digno. 11) Abono de transporte para policías del Interior. 12) Créditos blandos para viviendas. 13) Tratamiento posestrés por accidentes laborales, que no sean tratados como carpetas psiquiátricas. 14) Retirados y pensionados que aumenten sus sueldos con activos.

La elección del abogado
Primeramente, dos propuestas de letrados barajaban los policías para ser asesorados. Por un lado, el mediático abogado Carlos Nayi. Por otro lado, Luis Juez. El primero quedó descartados por cuestiones de perfil; el segundo para “evitar politizar”, aseguraron los uniformados.
Sin embargo, y desdiciendo el mismo argumento para desechar a Juez, quedó en firme una moción tercera: Miguel Ortiz Pellegrini, el legislador por el Frente Cívico.