Opositores exigen a De la Sota urgentes soluciones por crisis

Liliana Montero
El actual reclamo policial por aumento de salarios y condiciones dignas de trabajo, hoy es acompañado por imágenes y testimonios que muestran las condiciones en que se encuentran los lugares donde ‘descansa’ y se ‘alimenta’ el personal policial, verdaderos sitios que atentan contra la dignidad humana”

La oposición legislativa al peronismo responsabilizó por la crisis al gobernador José Manuel de la Sota y le reclamó urgentes soluciones, aunque juecistas y radicales exhibieron diferentes estilos para expresarse.
Por la mañana, la presidente del bloque Frente Cívico, Liliana Montero, invitó a los radicales a concurrir a la base del CAP 5 para conversar con los acuartelados. El titular de la bancada UCR, Eduardo Yuni, rechazó el convite argumentando que a las soluciones las tiene que dar el gobierno.
Había un riesgo, pero Montero decidió correrlo para ofrecer su colaboración a los policías que reclaman por mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo.
En el CAP 5 a Montero, que estuvo acompañada por Santiago Clavijo y Carlos Roffé, no la dejaron entrar porque, dijeron los manifestantes, pretenden la apolitización de su protesta. “Acá no va a ingresar ningún político; al único que queremos es a De la Sota, para hablar cara a cara”, gritó una mujer
Montero explicó a Cadena 3 que “les manifestamos las iniciativas que como legisladores estamos presentando”. “No nos dejaron ingresar, pero no vamos a forzar la situación. El reclamo de la Policía es justo”, señaló. Además, declaró: “Queremos que se tomen en cuenta los reclamos, no haya sanciones y se inicie una mesa de diálogo”.
Los radicales prefirieron reunirse en el Comité Central, y elaborar el documento “Señor Gobernador haga lo que tiene que hacer”. Allí se ratifican las propuestas realizadas por los legisladores, como un aumento del 50 por ciento en el presupuesto de seguridad y la convocatoria a un diálogo político.
El texto firmado por el presidente, Alberto Giménez, pide a De la Sota que “asuma las responsabilidades que la Constitución de la Provincia le impone de manera exclusiva y excluyente como máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales y le exige que adopte las medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos”.
“La Unión Cívica Radical hace ya tiempo que viene advirtiendo que la total carencia de una política de seguridad necesariamente iba a concluir con hechos como los que hoy vivimos los cordobeses”, agrega. Finalmente, le reclaman a De la Sota: “Asuma por lo tanto las facultades que le son propias y haga cesar de manera inmediata el estado de desasosiego en que se encuentra la población”.

Eduardo Yuni
La Unión Cívica Radical hace ya tiempo que viene advirtiendo que la total carencia de una política de seguridad necesariamente iba a concluir con hechos como los que hoy vivimos los cordobeses”. (De la Sota) “asuma las responsabilidades que la Constitución le impone de manera exclusiva y excluyente”

Juecismo
El Frente Cívico emitió un comunicado en el que se señala que “el actual reclamo policial por aumento de salarios y condiciones dignas de trabajo, hoy es acompañado por imágenes y testimonios que muestran las condiciones en que se encuentran los lugares donde ‘descansa’ y se ‘alimenta’ el personal policial, verdaderos sitios que atentan contra la dignidad humana”.

Macrismo
Por su lado, el legislador macrista Javier Pretto recordó que “cuando se hizo público el narcoescándalo, entendimos que se hacía imperioso iniciar un debate amplio para acordar la política pública de seguridad de la provincia de Córdoba”. “El Gobernador envió un proyecto a la Legislatura, que entendíamos era para una discusión parcial, y rápidamente lo retiró, prometiendo presentar otra iniciativa para después de las elecciones, por que el debate merecía apartarse del proselitismo político”, destacó.
Pretto manifestó: “La seguridad de todos los cordobeses no puede esperar. Ahora los familiares de policías y los miembros de la fuerza reclaman mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y una urgente depuración de la fuerza. Primero hay que resolver este planteo urgente, pero inmediatamente debemos debatir una nueva ley que fije una nueva política de seguridad, consensuada con todas las fuerzas políticas y con metas a largo plazo. Los agentes no pueden arriesgar su vida, cuidándonos a todos, con la remuneración que perciben”.