El ritmo del gobierno va detrás de la dinámica de la realidad



Por Pablo Esteban Dávila

DPP_0046“Seguramente nos reuniremos con De la Sota”, dijo ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Respondía así a una solicitud en tal sentido que el propio gobernador de Córdoba había adelantado que gestionaría a través de algunos medios de comunicación. Rápido de reflejos, el chaqueño aceptó el convite, aunque la fecha todavía sea incierta.

Fue la única buena noticia que el cordobés tuvo ayer. En el resto de los temas, es como si la dinámica de la realidad fuera superior a los ritmos de respuestas que su gestión puede dar. El acuartelamiento de la policía pudo sorprender a la opinión pública, pero de ninguna manera a quienes se encuentran en el poder. Hacía ya algún tiempo que las redes sociales se encontraban con cierta efervescencia respecto al asunto. Las esposas de los uniformados (una especie de delegadas gremiales ad hoc, dado que la Policía no puede sindicalizarse) habían ocupado la planta baja de la jefatura, con pancartas y demás ingredientes simbólicos de una protesta avant la lettre. Tenían a mano un petitorio muy concreto relacionado con sueldos, adicionales y condiciones laborales, algo que alejaba la algarada de suposiciones maliciosas o argumentos conspirativos. De no ser por el hecho que los beneficiarios de tales reclamos son los hombres de azul, bien podría haber sido José “Pepe” Pihen quien liderara las manifestaciones.

Sin embargo, y pese a este tipo de certezas, desde el gobierno no se hizo nada para desinflarla. Contra toda prudencia, se desoyó lo que estaba sucediendo puertas adentro de la familia policial y el desenlace resultó inevitable. Hasta el propio Gobernador, de viaje hacia Colombia, tuvo que regresar de apuro para afrontar los hechos consumados. ¿Debía llegarse a este punto para actuar? La respuesta debe ser rastreada hasta los primeros días del denominado “narcoescándalo”, que afectó a buena parte de la cúpula policial. Hasta aquel hito, la Policía de Córdoba no ocupaba ningún espacio de relevancia en las crónicas nacionales. Vista desde afuera, la fuerza parecía una organización profesional, convenientemente equipada y que se comparaba favorablemente respecto a las de otras provincias.

Pero aquellas percepciones cambiaron abruptamente desde que el fiscal Enrique Senestrari comenzó a detener a los jerarcas de Drogas Peligrosas, proclamando a diestra y siniestra la existencia de una organización ilícita dentro de la policía provincial.

A partir de aquel momento todo fue confusión. Dentro de la fuerza, por la obvia afectación moral que estas acusaciones producen sobre todo su personal; y dentro del gobierno, por su reacción tardía y su incomprensión a un problema que nunca dejó de escalar.

En rigor, hace ya tres meses que la Policía está en el tapete como institución, y el funcionario que sea capaz de detener su erosión y rehabilitarla ante la opinión pública parece no llegar nunca. Encontrarlo no es una tarea sencilla pues, al final del camino, de lo que se trata el asunto es de liderazgo. No deja de ser llamativo que una de las consecuencias menos analizadas del narcoescándalo haya sido la de descabezar una conducción que, con ciertos matices escalafonarios y funcionales, se mantuvo al frente de la fuerza durante casi siete años. Da toda la sensación que, desde que Alejo Paredes y sus subordinaros debieron hacer las valijas y partir, nadie conduce la Policía. Sin un líder que los cohesione y con su prestigio mancillado, sus miembros se encuentran en una especie de anomia en cuanto a su misión social.

Es cierto que el conflicto salarial que hoy atraviesa la fuerza podría haberse desatado aún bajo un liderazgo fuerte. “Poderoso caballero es don dinero”, dice el refrán, y bien es sabido que el dinero puede ser aún más convincente que el más mentado de los caudillos. En este punto, y sin perjuicio de insistir en que todo lo dicho ha contribuido al actual clima de los uniformados, el análisis debe descender hacia aspectos más estructurales.

DPP_0036El salario de los policías nunca ha sido el más alto de la administración, aunque sí el que se ha pagado con mayor puntualidad, por obvios motivos. Pero en los últimos tiempos, los sueldos policiales han sufrido el embate de dos flagelos de los que el gobierno delasotista es inocente: la inflación y el impuesto a las ganancias, ambos de raigambre e ideología nacional. La inflación es un impuesto que no se coparticipa y que tiene la virtualidad de atacar la base de los costos de las administraciones provinciales, esto es, los sueldos que se les paga a la administración pública. Como los precios se han espiralizado en los últimos meses, las presiones gremiales han surgido con fuerza en todo el país. Pocos días atrás, el Sindicato de Empleados Públicos lanzó un plan de lucha en aras de obtener un bono navideño y, si bien el gobierno negó cualquier concesión antes del próximo mes de enero, el caldero se encuentra encendido. Puede que los policías tengan vedado estatutariamente cualquier tipo de protesta pública, pero eso no significa que sus billetes valgan cada vez menos, igual que cualquier otro trabajador.

Como el dinero no les alcanza, los uniformados hacer muchos adicionales para compensar los salarios disminuidos por la inflación. Pero aquí surge otra paradoja: culpa del impuesto a las ganancias, lo que perciben en exceso por este tipo de servicios deben sacrificarlo ante la AFIP. Esta razón alimenta el enojo de policías que se perciben a sí mismos como pobres y que, además, se imaginan desprestigiados frente a la sociedad.

Frente a esta realidad no es mucho lo que puede hacer el gobierno sin que le estallen otros frentes salariales. Es fin de año y, con una inflación que ronda el 28%, todos quieren algo más. En el caso de la policía se suman, además, otras cuestiones menos visibles, como lo son las pocas horas de descanso, equipamiento edilicio deteriorado o un bajo nivel operativo de su flota de móviles. Es por ello que, probablemente, el único margen de maniobra que le queda al gobernador es generar una instancia de

diálogo (a finales del día se conoció una oferta de incrementar un 52% los adicionales) para ganar tiempo hasta las paritarias del sector público y retomar la iniciativa perdida en esta materia.

De la Sota ha estirado demasiado la reacción después de la módica victoria de Unión por Córdoba en las legislativas. En este punto, debería observar lo sucedido con la presidente Cristina Fernández y sus cambios de gabinete, que le han permitido mostrar un gobierno muy diferente al que resultó castigado en las urnas.

Y, en el tema de seguridad, tal vez deba confiar en algún político experimentado la conducción de este crucial ministerio, sencillamente porque el liderazgo que hoy requiere la Policía excede el mero conocimiento técnico. No es preciso batir el parche sobre que la seguridad es uno de los temas que se encuentran al tope de las preocupaciones de la opinión pública, por lo que cualquier cosa que suceda en las fuerzas de seguridad se traduce en ansiedad social y desgaste político.

Recuérdese la importante algarada de la Gendarmería Nacional el año pasado para dimensionar, en su real magnitud, las complejas presiones que operan sobre los uniformados en cualquier jurisdicción. Si a estos problemas se le agrega la crisis que vive el concepto de la autoridad, son escasos los factores unitivos que aún perduran en este tipo de organizaciones verticalistas, en donde se supone que la subordinación y el espíritu de sacrificio son sus componentes fundamentales. El poder político debe, pues, devolver algo de sosiego a estructuras que no están preparadas para debatir cuestiones que cualquier otro trabajador gustaría de poner sobre la mesa en forma cotidiana y sin que sus esposas deban poner la cara por ellos.