Una forma (hoy extraña) de construir institucionalidad

Por Pablo Esteba Dávila

ilustra Pacto-de-OlivosAyer se cumplieron veinte años del Pacto de Olivos, quizá el último gran acuerdo político entre oficialismo y oposición que registre la Argentina contemporánea. Lamentablemente, la versión predominante de aquel acontecimiento tan trascendente es llamativamente banal e intelectualmente perezosa, al punto tal que muchos lo sindican como un símbolo del contubernio y de las malas artes de la vieja política. No nos ponemos colorados al afirmar que tal visión es errónea, profundamente equivocada.
Los hechos que le dieron origen fueron simples. El entonces presidente Carlos Menem se encontraba en la cima de la popularidad (era 1993, la inflación había sido derrotada y el país crecía a un ritmo espectacular) y deseaba la reelección, una instancia que la Constitución de 1853 le prohibía. La oposición se encontraba aglutinada en torno a un radicalismo bajo la jefatura de Raúl Alfonsín quien, pese a su precipitado final de mandato en 1989, todavía ejercía una gran influencia partidaria. Como Menem no tenía la mayoría suficiente como para impulsar la reforma constitucional, fue natural que sondeara al líder radical sobre la posibilidad de un acuerdo que, a cambio de ciertas concesiones, le permitiera obtener un nuevo mandato.
Alfonsín aceptó el convite y firmó con Menem un documento que se dio en llamar “Núcleo de Coincidencias Básicas” por el que la oposición radical permitiría una nueva y única reelección presidencial (acortándose el mandato de seis a cuatro años y estableciendo la elección directa de Presidente y Vicepresidente con un sistema de ballotage) y, a cambio, el peronismo aceptaría dotar de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, crear un Consejo de la Magistratura, atenuar el sistema presidencialista, establecer la elección de un tercer senador por provincia e incluir nuevos derechos y garantías al texto constitucional, entre otros asuntos. El texto fue aprobado por la Convención Nacional de la UCR y por el Congreso del PJ (una verdadera extrañeza en los tiempos que corren), y dio origen a la Ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma constitucional, paso previo a la convocatoria a elecciones para elegir la Convención Constituyente que, como se recuerda, sesionó en las ciudades de Santa Fe y Paraná de mayo a agosto de 1994.
Produce inocultable envidia mirar retrospectivamente aquellos hechos. Entre Alfonsín y Menem no existía una amistad en el sentido común del término. Menem fue amigo de muchos radicales, pero Alfonsín no formaba parte de aquellos afectos. Sin embargo, había entre ellos un respeto institucional que les permitía dialogar sobre los grandes temas del país sin dejar de lado sus propias convicciones. Era evidente que ambos pensaban que los temas sobre los que trataba el Núcleo de Coincidencias Básicas se encontraban por sobre las naturales disputas políticas entre dos fuerzas antagónicas. Es sabido que al radical no le produjo ninguna contradicción firmar un acuerdo con un presidente peronista y continuar oponiéndose –como lo había hecho durante su propio mandato– a las privatizaciones de empresas públicas que impulsaba el menemismo.
Claro que no todas fueron rosas, ni para Menem ni para Alfonsín. El Pacto de Olivos dio origen a una caterva de políticos rupturistas cuyo legado se extiende a la actualidad. Por el lado del radicalismo, fue notable el ascenso de Elisa Carrió, quien se hizo conocida por desafiar al alfonsinismo dominante y generar un micro cisma partidario bajo supuestas banderas de ética e intransigencia. Chacho Álvarez hizo algo parecido. A su oposición a las políticas menemistas agregó un criterio de peronismo por fuera del partido, argumentando que el verdadero Perón había sido traicionado por la conducción oficial de la fuerza. Sin saberlo, había inoculando un virus que adquiriría dimensiones colosales cuando, en 2002, el Congreso de Lanús oficializara la diáspora peronista que aún hoy perdura.
En forma irresponsable, muchos sectores de la prensa, entre los que se contaba a Clarín, también socavaron activamente la legitimidad del acuerdo. Presentaron a las jerarquías partidarias que lo respaldaban como una plutocracia sólo atenta a sus intereses oponiéndole –a modo de ejemplos de coraje y dignidad– emergentes políticos del estilo Jaime de Linares, Álvarez o Carrió. Con el paso del tiempo, personajes como éstos se multiplicarían al hartazgo.
Veinte años después, cuesta entender el porqué de tanta saña en contra de un acuerdo que, después de todo, no tuvo nada de secreto y fue defendido apasionadamente por quienes lo negociaron y firmaron. Es lícito opinar sobre si fue bueno o malo para el país, pero lo que no puede decirse es que fue un mero acuerdo de cúpulas, producto de un cálculo mezquino y cortoplacista. Ambas partes expusieron claramente que pretendían a cambio de votarlo; cada una representaba un pensamiento político diferente, derivado de su legitimidad electoral. Hablaron. Negociaron. Acordaron. ¿No es acaso lo que hoy piden a gritos vastos sectores de la República al gobierno nacional? ¿No es lo que la oposición demanda al kirchnerismo? ¿No es lo que sesudos analistas reclaman de la clase política? No deja de ser extraño que lo mismo que durante los ’90 fue catalogado como un ejemplo de la transa política sea presentado, en la actualidad, como la solución a todos los problemas del país.
Por supuesto, hubo consecuencias muy prácticas y no necesariamente altruistas tras la reforma constitucional. Menem obtuvo la reelección, que es lo que más quería, y el radicalismo se dio el gusto de liquidar al colegio electoral, una instancia conservadora de mediación de la voluntad popular que la Constitución de 1853 había establecido y que ahora muchos extrañan (no son pocos quienes suponen que el inédito poder político adquirido por la provincia de Buenos Aires deriva de aquella supresión). Pero no puede ignorarse que también Alfonsín llevó agua para su molino. Al crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –una de sus ideas predilectas– garantizó que Fernando de la Rúa ocupara su gobierno y que, desde allí, el radicalismo regresara a la presidencia de la Nación. Visto en perspectiva, lo que hicieron ambos líderes fue un intento muy serio de construir institucionalidad fortaleciendo el sistema de partidos, algo que no puede ser denunciado, de ninguna manera, como una idea perversa, como así tampoco derivar catástrofes políticas posteriores de aquel entendimiento sin faltar a la lógica.
Sólo una sociedad en estado esquizofrénico puede seguir comiéndose el caramelito del pacto espurio. El de Olivos fue un ejemplo de cómo funciona un sistema de partidos fuerte y consolidado, algo que lamentablemente se perdió tras el estallido del gobierno de la Alianza, un engendro al que contribuyeron (tanto en su ascenso como en su fracaso) los mismísimos Carrió y Álvarez, dos especialistas en demoliciones. La Argentina echa de menos por estos tiempos la ausencia de diálogos civilizados, que preserven las diferencias pero que no supongan, por fuerza, la lógica del amigo – enemigo. También se añora la existencia de líderes partidarios capaces de acordar políticas de Estado y de persuadir a sus dirigidos de respetarlas, aunque no les gusten del todo.
El Pacto de Olivos fue una expresión cabal de la democracia a diez años de su recuperación. La democracia, vale la pena recordarlo, es un sistema diseñado para discutir en forma permanente y acordar dinámicamente. Sólo los autócratas consideran que los acuerdos son malos. Para ellos, el entendimiento debería ser una entidad metafísica, holística, en donde todos sus participantes coincidieran naturalmente en un rumbo a seguir. Pero esto nunca ocurre mansamente. Cuando hay acuerdos sin negociaciones, sólo hay alguien que impone y muchos que obedecen porque, simplemente, no les queda otra. Este no es el ideal democrático.
La Argentina debe un reconocimiento histórico a aquél acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para reformar la Constitución. Aunque nadie se atreva a decirlo, quizá por este complejo de culpa de sólo afirmar lo “políticamente correcto” que adolecen políticos y periodistas, fue una cabal demostración de una clase política civilizada capaz de coincidir en torno a ciertos puntos básicos y de defenderlos ante la opinión pública y quienes los atacaron. Fue la última vez que sucedió una cosa semejante en el país. Ojalá que en el futuro puedan multiplicarse esta clase de entendimientos y que no existan tantos necios que se rasguen las vestiduras por este tipo de manifestaciones prácticas del más puro y cabal juego de la democracia de partidos.