Posible desembarco de Moyano eriza al Surrbac

Por Gabriel Osman
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Moyano coveliaDesde hace un año, el gremio de los recolectores de Córdoba, el Surrbac, ha tomado distancia de su referente nacional histórico, el zar del sindicalismo argentino de estos tiempos, ahora distanciado del kirchnerismo. Hablamos del camionero Hugo Moyano, que de camionero sólo conserva una flota importante de compactadores de la empresa Covelia, en sociedad con el empresario Ricardo Depresbiteris.
Es una de las flotas más grandes del país, como que Covelia presta servicios en muchas ciudades, principalmente del Gran Buenos Aires, histórica plaza fuerte del sindicalista. Entre estas ciudades figuran Merlo, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Escobar, Bahía Blanca, Quilmes, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Pinamar y La Costa.
Por estos antecedentes, nada desdeñables, la empresa local POL, de Jorge Ferrero, eligió a Covelia para asociarse y presentarse en la licitación del servicio de recolección de residuos de Córdoba, que tiene como fecha de apertura de los primeros sobres el 3 de diciembre. Las otras dos empresas interesadas en la convocatoria y compradoras del pliego son la actual prestadora Cotreco y la española Urbaser a través de su filial local Transporte Olivos.
Son tres pesos pesados para la compulsa, por lo ya dicho de Covelia, por los antecedentes de Urbaser y por el crecimiento casi exponencial Cotreco de estos últimos años en el servicio. Cada uno de los oferentes tienen fortalezas y flancos vulnerables, como es obvio, pero el de la sociedad POL-Covelia tiene problemas adicionales, al margen de la consideración estricta sobre la idoneidad y solvencia empresarial. POL no tiene trayectoria ni escala pero Covelia compensa con creces esas carencias.
Los referidos “problemas adicionales” deberían encender un alerta amarilla en el proceso licitatorio. Es que el Surrbac, conducido por Mauricio Saillén, es un gremio con un alto perfil en la apuesta del kirchnerismo para la construcción de un sindicalismo K en la provincia, por lo que es un enemigo objetivo de Moyano, incluso más allá de las disposiciones personales.
Consecuentemente, ve con preocupación el interés de Covelia (Moyano) en participar en la licitación y, ni hablar, si resulta adjudicataria. El gremialismo peronista, en general, tiene virtudes tales como mirar debajo del agua y jugar a la mancha con los aviones. Es muy perceptivo de lo que realmente sucede. En el caso particular de la utilización que Covelia haría de la empresa POL –tomarla como cabeza de playa para desembarcar en Córdoba- ven comprensiblemente el ingreso del moyanismo y, por extensión, un intento por recuperar el Surrbac. Esto ha erizado al gremio de Saillén.
Por añadidura, deberían generar inquietud en el Palacio 6 de Julio.
Ramón Mestre, como cualquier intendente de Córdoba, tiene tres frentes gremiales. Dos muy conflictivos, como el Suoem y la UTA, ambos con muy buenos sueldos pero con paros y protestas casi permanentes, y el Surbac, que no le va a la saga en salarios, tiene una conducción mucho más estructurada. Aquí el poder sindical existe, y si su conducción decide ir al conflicto, va monolítico y con armas decisivas, como llenar la ciudad de basura, pero nunca va al choque por deporte o desgobierno. Las conducciones del Suoem y la UTA, en cambio, están desbordadas: la del gremio de los choferes, en sentido literal; la situación del sindicato municipal se explica en la histórica táctica del corcho de Rubén Daniele –flotar sobre los conflictos- que ha convertido al sindicato propiamente en una federación de reparticiones (más de un centenar).
Por todo lo dicho, en la adjudicación del servicio pesarán principalmente las ofertas, como es lógico pero, en consideración de la realidad política gremial, no únicamente. A nadie le gustaría meterse en el medio del forcejeo entre gremios peronistas enfrentados. Y muchos recuerdan que cuando en febrero de 2009 Daniel Giacomino municipalizó el servicio que prestaba Cliba, Pablo, uno de los hijos de Hugo Moyano y heredero del Sindicato de Camioneros, ingresó armado –en forma deliberadamente visible- a la Secretaría de Trabajo para “negociar” la indemnización de 1.100 trabajadores que mudaban de la privada a Crese.