Narcotráfico: Corte apura a Cristina por inacción



Por Pablo Esteban Dávila

DYN49.JPGSorprendió ayer la Corte Suprema en dar a conocer una serie de solicitudes al Gobierno Nacional sobre la base de críticos informes de jueces y camaristas federales del norte del país respecto del narcotráfico. La sorpresa no reside en que lo haya hecho (no deja de ser una resolución sin efectos jurídicos prácticos) sino del contenido de las medidas que propone para luchar contra el flagelo.
Al leer el documento es fácil advertir que la Corte se mete en asuntos que debería encarar el Poder Ejecutivo. Algún quisquilloso podría decir que no es sano que un poder de la República invada esferas reservadas a otro pero resulta que, en el caso particular del narcotráfico, hace rato que la Casa Rosada se encuentra ganada por la parálisis, cuando no por un franco desinterés para formular políticas coherentes.
No hace falta ser un experto para percatarse de esta desidia. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), se encuentra vacante desde marzo pasado, momento en que su titular, el ex canciller Rafael Bielsa, decidió abandonar el frustrante negocio de luchar contra las drogas para ocupar la presidencia de Aeropuertos Argentina 2000 de la mano de Eduardo Eurnekian. Cristina Fernández nada hizo para remediar la situación, pese a que este organismo se encuentra bajo su inmediata dependencia.
El objetivo de la SEDRONAR no es poca cosa. Según la información disponible en su página web, es la “responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones”, apoyando su gestión “sobre dos conceptos claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de drogas”. Bien no le ha ido.
Es fácil explicar este fracaso. Si de coordinar políticas nacionales se trata, va de suyo que alguien debería oficiar de coordinador. Sin embargo, la SEDRONAR no tiene quién la conduzca ni, mucho menos, un funcionario con la mística necesaria como para liderar la lucha contra la droga. Con este antecedente, es difícil no caer en la simplificación de afirmar que el abandono del organismo se encuentra en directa relación con la prioridad que el gobierno nacional asigna al asunto.
Tampoco ayuda a esta percepción las medidas adoptadas desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Arturo Puricelli. Un ejemplo es el uso de la Gendarmería Nacional. Esta fuerza – famosa por su profesionalismo y su aurea de incorruptibilidad – es utilizada desde hace ya algún tiempo para ejercer tareas de prevención del delito en el gran Buenos Aires. Sin embargo, su función es otra. Debe cuidar las fronteras y, entre otras tareas, detener el contrabando y combatir el tráfico de estupefacientes desde los países limítrofes. Pero poco es lo que puede hacer en estos momentos, cuando buena parte de sus efectivos se encuentran empeñados en detener el avance del delito en barrios afectados, paradójicamente, por la droga que ingresa a través de las fronteras que ellos han dejado de proteger.
Esto es bien curioso, porque la obviedad del razonamiento releva de mayores análisis causales. La Cámara Federal de Salta lo expuso con gran claridad: “(la frontera de Jujuy y Salta) se encuentra altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía”, con la “presencia de miles de personas que se están radicando en la zona, dedicadas al tráfico de estupefacientes, contrabando y otras actividades ilícitas semejantes”. Esta desprotección es una consecuencia del éxodo de gendarmes hacia la desesperada geografía del conurbano bonaerense.
Puede suponerse lícitamente que el “colador norte” (la figura parece bastante gráfica para describir la situación limítrofe de tales provincias) termine drenando sus fugas hacia el resto del país. Esto también lo advierte aquella Cámara, afirmando que “su extensa frontera es la gran puerta de entrada para la mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas), que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país”. Esta lección de geografía aplicada parece no ser entendida por algunos integrantes de “Justicia Legítima” que, de tan empeñados en desgastar gobiernos no afines al kirchnerismo, se olvidan de reclamar a sus referentes nacionales que dejen de favorecer con su inacción este drenaje mortal de narcóticos.
En este punto es inevitable detenerse en los hechos que se han sucedido en Córdoba y en Santa Fe. Es obvio que, pese a estar frente a un problema macro, claramente nacional, la Casa Rosada poco ha hecho para enfrentarlo. Con gran cinismo, y lejos de tomar alguna medida de fondo, prefirió empeñar sus recursos para acusar a gobernadores opositores de connivencia con el mundo de la droga. Primero Antonio Bonfatti y luego José Manuel de la Sota, sufrieron en carne propia este ataque directo de parte de jueces y fiscales afines al gobierno federal.
En el caso de Santa Fe, el desatino fue tan grande que un referente K llegó a hablar de “narcosocialismo” dentro del propio Congreso de la Nación, un exceso conceptual que quedó al desnudo cuando, después de un año de investigaciones, la causa que había iniciado el escándalo quedó en la nada. Luego le tocó a Córdoba, en las oportunas semanas previas a las elecciones generales. Un Fiscal Federal, muy cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó, dispuso espectaculares prisiones preventivas a importantes oficiales de la Policía provincial y se enzarzó en una inédita disputa con miembros del Poder Judicial local. Muchos creyeron ver en tanto frenesí acusatorio una remake del frustrado intento santafecino.
Es obvio que el kirchnerismo quiso instalar una agenda en Córdoba que, hasta antes de las PASO, no era considerada como prioritaria por sus autoridades. La profusa difusión nacional de la causa de los “narcopolicías” tuvo por propósito crear la sensación de que en medio de la pampa había surgido una nueva Colombia, algo así como si los grandes cocineros de cocaína se hubieran dado cita en un gran simposio ilegal en los barrios de la capital cordobesa. Por supuesto, gran parte de los medios olvidaron lo esencial: que este es un problema “Nacional & Popular” antes que provincial, y que el progresismo kirchnerista poco hace para solucionarlo.
Que los muertos se hayan asustado del degollado no es una novedad. Si de algo son expertos los K es en culpar a los demás por temas que son de su absoluta responsabilidad. Pero esta vez, la resolución de la Corte los dejó al descubierto, mucho más que las pataletas de De la Sota o la indignación de Bonfatti. Porque los supremos no dictaron ninguna sentencia, sino que sugirieron medidas de política que la Nación debería haber adoptado como parte de los intereses nacionales allá lejos y hace tiempo.
Es fácil advertir el carácter instrumental, básico, de lo solicitado por los jueces: mayor cantidad “de personal de fuerzas de seguridad y de organismos nacionales en las fronteras para combatir el tráfico de drogas”; implementación del programa “Control integral de Frontera” e “instalación de radares” conforme los anuncios presidenciales de 2009 y 2011; instalación de “un escáner para cada paso fronterizo”; “cobertura de cargos de magistrados vacantes”, algunos desde 2008 y 2009; “duplicar las plazas carcelarias”; “constituir alcaidías federales en las localidades de Orán y Tartagal”; y “crear centros de rehabilitación” para las víctimas de la droga.
Ninguna de estas ideas parece tan genial como para no haber sido supuesta antes por algún diligente funcionario del Poder Ejecutivo. Pero si se pensaron, nada se hizo. Esto dejó el espacio suficiente como para que las máximas instancias judiciales de la Nación proclamaran lo obvio: que esta es una cuestión federal y que, mal que les pese, deben ser las autoridades nacionales quienes se aboquen a detener la alarmante escalada que el narcotráfico presenta en nuestro país.
Si algún valor tiene el pronunciamiento de la Corte es el pedagógico. Es un llamado de atención respecto a que el problema debe ser encarado como un asunto de Estado, especialmente cuando en los dos próximos años – antes del recambio presidencial – los narcos pueden aprovechar al máximo la inacción del kirchnerismo y la impotencia de la oposición. Los delincuentes suponen, y lo hacen con razón, que la agenda política no contempla el combate al narcotráfico, por lo que será un tiempo espléndido para afianzar sus operaciones y consolidar un negocio que, diez años atrás, era marginal si se comparaba con lo que ocurría en otros países de la región.
Ni De la Sota ni Bonfatti – sólo para señalar los sospechados por el kirchnerismo de cohabitación con los narcos – tienen responsabilidad directa en el diseño de las políticas adecuadas; por el contrario, es la propia presidente y sus funcionarios, los mismos que acusan a ciertas jurisdicciones provinciales de no hacer nada frente al problema, quienes deben tomar el toro por las astas. Si no lo hacen por convicción, al menos que lo hagan por vergüenza: a ningún político le gusta que la Corte le diga cómo tiene que gobernar, mucho menos cuando – como es el caso de los K – les fascina imaginarse como representantes directos, sin intermediarios, del gran pueblo argentino.