Cuatro para competir por la basura y sólo dos para la pelea de fondo

Por Gabriel Osman
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forzudos basureros colorCuatro empresas compraron pliegos para participar de la licitación por la recolección de la basura en la ciudad pero muy probablemente, por antecedentes y posibilidades objetivas, serán dos las que definirán la competencia: la española Urbaser (a través de su filial argentina Transportes Olivos) y la local Cotreco. Las otras dos son Lusa, hoy a cargo de parte de la ex Tamse, y POL, del empresario cordobés Jorge Ferrero, quien concurriría en sociedad con Covelia, vinculada a Hugo Moyano.
Se sabe que la correntina Lusa llegó a Córdoba para hacerse cargo en forma parcial de la basura, en adjudicación directa y provisoria, pero tomando esta actividad como cabecera de playa y con el objetivo mayor en el transporte urbano, su especialidad, negocio en el que ya hizo pie con la UTE que integra con Autobuses Santa Fe.
La aparición de POL y Covelia, también en forma de UTE, es una situación menos singular pero acaso más compleja. El propietario de la firma local, Jorge Ferrero, tiene añejas vinculaciones con administraciones radicales en el municipio y ahora añade un socio con experiencia en el rubro pero con complicaciones en esta ciudad. Covelia está sindicada como empresa de los Moyano, y al clan del camionero lo integran dirigentes gremiales con intereses cruzados con el poderoso sindicato de recolectores, Surrbac, conducido por Mauricio Saillén y alineado al gobierno nacional y a la estructura sindical filo K que se está armando en Córdoba.
Por esto, la competencia real y que califica el concurso aparece entre pesos pesados como Urbaser y Cotreco. La primera es una multinacional que presta servicios Barcelona, Buenos Aires, Cartagena de Indias, Santiago de Compostela, Abu Dabi, etcétera). Calculan que, en total, recolecta cinco millones de residuos diarios, además de contar con mucha experiencia en la deposición final de basura. Esta firma española ha avanzado mucho en la valorización energética de residuos. Obviamente, orgánicos y plásticos, porque metales y vidrios se reciclan.
Cotreco, a su vez, ya es prestadora en las ciudades más importantes de esta provincia (Capital, Rio Cuarto, Carlos Paz, Villa María y Rio Tercero) y en enclaves importantes de Santa Fe, como San Lorenzo y Santo Tomé. En los años recientes, es una de las de mayor crecimiento en la actividad en el país. En la actualidad presta en la zona sur y en el centro de la ciudad, que aspira conservar, y aseguran que se prepara para la deposición final de residuos, cuando se presente la oportunidad. Adicionalmente, esta firma llegó a la ciudad exactamente por este negocio y sin objetivos subalternos, por lo que su disposición es total para la competencia que se abre.
La venta de pliegos se cerró la semana pasada, mientras que el programa licitatorio prevé la apertura de los primeros sobres (son dos) el 3 de diciembre. La base del concurso son $ 69 millones mensuales, una cifra parecida al canon que se paga, en conjunto, a las dos prestadoras actuales: entre 60 y 65 millones. Esto significa un peso en el Presupuesto Municipal 2014 (por $ 6.200 millones y recién enviado al Concejo Deliberante) del 14% de los recursos, una asignación módica en exceso y poco realista. Tanto que en el referido cálculo anual, el servicio se lleva $ 1.040 millones.
De estos dos datos se infieren algunas consecuencias inevitables. La más obvia es que las ofertas estarán bastante por arriba de lo presupuestado, aunque al municipio le asiste la posibilidad de adjudicar por rubros (recolección, barrido, etcétera), según condicionen sus ingresos luego del zarpazo de los gastos en salarios (60%), pero siempre ateniéndose a que los dos rubros mencionados se llevan entre el 75%-80% de los costos totales del servicio.
La otra conclusión se vincula a que el 31 de diciembre vence el contrato precario con Cotreco y Lusa. Si el 3 de diciembre se abren los primeros sobres es de suponer que, aun trabajando contra reloj, la adjudicación no se producirá antes de que febrero promedie. Es decir, la prórroga obligada será por ocho meses, con comienzo de la prestación –si no se presentan imponderables- en agosto.