Un cóctel fatal: judicialización de la vida política y politización de la vida judicial

Por Pablo Esteban Dávila

p09-1Es tan trillado afirmar que “la justicia lenta no es justicia” que nos abstendremos de tan siquiera rozar semejante lugar común. En su lugar, nos concentraremos en analizar las consecuencias políticas de tal lentitud, intentando una aproximación práctica de porqué los jueces son tan morosos en resolver causas vinculadas con el poder. Además, y para que no se nos acuse de generalizaciones injustas, sólo hablaremos de aquellas causas que permanecen irresueltas dentro de los tribunales federales, el ámbito que concita la mayor expectación pública. Allí recaen las denuncias más espectaculares sobre quienes ejercen o han ejercido el poder.
El disparador de estas reflexiones es el sobreseimiento masivo dictado por la Cámara de Casación Penal que beneficia, entre otros notables de los ’90, al ex gobernador Juan Schiaretti. El fallo dice que, ante un sobreseimiento dictado tiempo atrás, la Cámara de Apelaciones procesó a los imputados en forma directa, por lo que “no hubo doble instancia de revisión”, ya que quién debía tomar una decisión semejante era el juez de primera instancia. Esto, que podría parecer un tecnicismo, es un resguardo constitucional elemental que había sido ignorado por los camaristas debido a que, entre otras cosas, consideraron que salir a cazar al zoológico menemista no tiene costo alguno.
Aunque Schiaretti pueda estar feliz de esta resolución, el tiempo insumido para la sentencia es suficientemente largo como para ni siquiera percatarse que cosa se termina festejando: o la inocencia ratificada o el fin de una espada de Damocles de gravosas consecuencias.
Una justicia desacompasada respecto del calendario gregoriano genera una fuerte perturbación. La sociedad desconfía de sus conclusiones y los acusados maldicen por lo bajo que la pesadilla de sus procesos nunca terminen. Mal que le pese al sistema judicial, un mundo que ha hecho de la velocidad y el cambio una forma de vida no puede juzgar positivamente a un sistema al que le cueste tanto tomar decisiones respecto del poder.
Las claves de tal lentitud se deben a tres factores: códigos de procedimiento vetustos, una excesiva judicialización de las decisiones políticas y la impropia consideración de los jueces al entorno político en el que les toca actuar. El primer factor es muy técnico y merece un tratamiento del mismo tenor, lo que nos concentraremos en los dos restantes.
Desde la segunda mitad de la primera presidencia de Carlos Menem se hizo evidente que la oposición utilizaría los tribunales para hacer política. A partir de aquél entonces cualquier decisión de gobierno, incluso las más obvias, debería pasar por las horcas caudinas de jueces y fiscales. De nada sirve el histórico fallo de la Corte Suprema que señala que “las decisiones políticas no son judiciables”; en la actualidad, lo que no se discute en tribunales es la excepción. Para colmo de males, cada denuncia viene envuelta en el papel celofán de la transparencia. Es en nombre de esta deidad tan de moda (aunque de compleja intelección) que los hechos más pueriles son presentados como pruebas irrefutables de corrupción, cohecho, negociaciones incompatibles o peculado.
Dentro del frenesí denunciero se encuentran políticos y periodistas por igual. Ya no se habla de buenas o malas decisiones políticas, sino de decisiones corruptas a secas. Y, la verdad sea dicha, no todas lo son; aún más, las que se encuentran efectivamente motivadas por causas non sanctas son las menos. Pero nadie quiere entender esto. Ni los que denuncian haciendo su propio negocio editorial, ni quienes pretenden seducir a la opinión pública con el canto de sirena de las cazas de brujas. En medio de esta costumbre tan incivilizada, los jueces no se animan a decir “esto es una tontería que debe ser desechada”, tal como lo aconsejaría la ciencia jurídica. En su lugar, prefieren transformar las causas en una especie de mamífero en hibernación a la espera que la expectación popular por tal o cual imputado decaiga. Como esto suele demorar años, pues las resoluciones se aplazan al paroxismo.
Este fenómeno se encuentra ligado al tercer factor. Hace ya tiempo que los jueces se han corrido la venda de los ojos. Sus fallos – o la ausencia de ellos – tienen una relación directa, diríase que inmoral, con la situación política en las que les toca entender, tanto para sostener la inocencia como para proclamar la culpabilidad de quienes son acusados. El resultado es una “parálisis por expectativas”, en donde jamás se les brinda a los imputados la posibilidad de defenderse en ambientes seguros, fuera de la premura mediática por un linchamiento espectacular. Y, cuando algún juez se sale de este molde, paga con su prestigio tal atrevimiento.
Esta no es una figura retórica. Todavía se recuerda que el conjuez Diego Estévez, a cargo de la causa por las explosiones de Río Tercero, sobreseyó a Menem resolviendo sobre el fondo de la cuestión, esto es, si el ex presidente era o no culpable del estrago doloso. Aquél gesto de valentía – que imaginamos posible sólo porque Estévez es, en el fondo, un abogado que detesta la prolongación de las causas más allá de toda razonabilidad – le costó el cargo. Tanto desde el periodismo que hace rato dio su veredicto sobre el tema, como desde los sectores políticos que estiman que el ensañamiento contra Menem aún es redituable, se lanzó el Anatema contra el magistrado provisional. La causa volvió, probablemente en forma injusta, hacia atrás. Todavía hoy, 20 años después de aquél suceso, se sigue esperando alguna resolución definitiva.
El sentido del olfato político que han desarrollado los jueces los lleva al camino del ridículo. Hoy se continúan juzgando, quizá con menos presiones públicas, hechos que debieron resolverse al menos una década atrás. Esto hace que pueda predecirse con certeza que sucederá en el futuro próximo con quienes hoy ocupan la Casa Rosada. El kirchnerismo será acusado con mayor vehemencia en relación inversa con el tiempo que transcurra desde su abandono del gobierno. Así, cuantos más años pasen fuera del calor del poder, mayor será la propensión del sistema judicial por vengar antiguos agravios, sean reales o imaginarios.
El cóctel entre judicialización de la vida política y politización de la vida judicial es letal para el funcionamiento de las instituciones. Los opositores creen que la denuncia fácil puede llevarlos al gobierno, mientras que los jueces consideran que un proceso oportuno puede asegurar su permanencia dentro del Estado. Son las dos caras de una moneda devaluada, que no representa otra cosa que la puerilidad a la que ha llegado el pensamiento político en el país. El símbolo de esta decadencia son los antiguos poderosos que, perdida ya toda gloria y las oportunidades objetivas de defenderse, caminan por los tribunales a la espera que procesos aparentemente infatigables lleguen alguna vez a su fin. Y, cruel ironía del futuro, sabiendo que lo que ocurra con ellos será, en definitiva, cuestionado. Porque si se los absuelve, será porque triunfó la impunidad (otra palabra que ha perdido todo su significado). O, porque si se los condena, será porque ya no tienen ningún poder como para conmover a jueces que han demostrado ser sensibles sólo con quienes tienen, ocasionalmente, la sartén por el mango.
Reiteramos lo que hemos dicho en otras oportunidades: el derecho penal es, básicamente, un derecho pedagógico. Enseña a los demás las consecuencias que les esperan a los que se portan mal. Pero si llega tarde, como ocurre en la actualidad, sólo genera el mismo temor que les produciría el cuento del “hombre de la bolsa” a los niños acostumbrados a la violencia de los videos juegos. De paso, incentiva a los expertos del apocalipsis (Luis Juez, Elisa Carrió, por mencionar casos emblemáticos) a seguir jugando las fichitas de las denuncias fáciles dentro de la gran ruleta judicial. Quién sabe, a lo mejora alguna vez le peguen a un pleno.