El caso Rivera Alegre o los riesgos de politizar el narcotráfico

Por Pablo Esteban Dávila

María del Carmen “Colela” Rearte (d), madre de los detenidos Pablo David Rearte, de 29 años, y un familiar suyo, de 17 años, acusados de asesinar y cremar a Facundo Rivera Alegre, “el Rubio del Pasaje”.
María del Carmen “Colela” Rearte (d), madre de los detenidos Pablo David Rearte, de 29 años, y un familiar suyo, de 17 años, acusados de asesinar y cremar a Facundo Rivera Alegre, “el Rubio del Pasaje”.

Es complejo escribir esta nota, simplemente porque se refiere a una muerte. Una muerte de un joven, que siempre es una noticia triste. Una muerte que, hasta hace pocos días atrás, fue manipulada para mostrar hechos que, aparentemente, no sucedieron del modo en que algunos pretendían.
Facundo Rivera Alegre, conocido como el “el Rubio del Pasaje” había desaparecido misteriosamente el 18 de febrero de 2012. Comprensiblemente, su madre inició una cruzada para saber la verdad de su ausencia.
Poco tiempo después, sectores políticos vinculados con la izquierda y el kirchnerismo (el abogado de la familia es el funcionario kirchnerista Claudio Orosz) comenzaron a culpar del hecho a la policía de Córdoba. Según aquella corriente de opinión, habría sido víctima “de la violencia institucional por parte de la policía”.
En buena parte de la opinión pública la hipótesis de la brutalidad policial fue ganándose un espacio considerable. Con el correr de los meses y sin noticias ciertas de la suerte corrida, el “Rubio del Pasaje” fue presentado como otro de los mártires del gatillo fácil, una víctima inocente de uniformados sin escrúpulos. El colectivo opositor al Código de Faltas identificó el caso como una muestra más de la discriminación que sufren los sectores más pobres dentro del prejuicioso radar policíaco, y las marchas clamando por su aparición aparecieron como uno de los aspectos más importantes dentro de la agenda de la izquierda provincial.
El gobierno nacional tampoco estuvo ajeno al hecho. A finales de septiembre del año pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto, junto a los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Horacio Pietragalla se hicieron eco del caso ofreciendo una conferencia de prensa en la Legislatura provincial acompañados por la senadora juecista Norma Morandini. En aquella oportunidad Carlotto no se anduvo con chiquitas. Pidió que fuera apartada la Policía de Córdoba de la investigación y dijo que en el Gobierno de Córdoba existe “animadversión” contra los jóvenes, un prejuicio del que derivaría este tipo de episodios.
No obstante, la verdad terminó siendo mucho más pedestre. Lamentablemente, y con las pruebas acumuladas en Tribunales, todo indica que Rivera Alegre fue muerto en una disputa de narcos, bien lejos de la policía. Aparentemente, el joven habría sido asesinado en medio de una violenta discusión por la compra de droga con un billete falso. Tras el crimen, y según las conclusiones a las que arribó el fiscal Alejandro Moyano, lo habrían mantenido oculto bajo tierra y semanas después habrían incinerado el cuerpo en el propio crematorio del cementerio de barrio San Vicente con la complicidad de un empleado municipal. Los datos claves habrían sido aportados por un vecino de barrio Maldonado, ablandado por la recompensa ofrecida. Todo señala que los hechos terminaron ganándole a la ideología, y tanto el kirchnerismo como la izquierda marcharon, seguro que involuntariamente, a favor de la impunidad de los reales asesinos.
El episodio muestra hasta qué punto las fronteras del delito pueden ser arteramente politizadas, un fenómeno simétricamente opuesto a la pérdida de credibilidad – real o percibida, los efectos son iguales – de la policía y del poder judicial. Que es lo que llevó a tantos militantes a suponer, durante tanto tiempo, que al “Rubio del Pasaje” lo habían ejecutado agentes del orden y no otros delincuentes es motivo de reflexión.
Es sabido que ciertos sectores del progresismo y de esta izquierda tan post moderna que abunda en la Argentina identifican a la Policía con represión y brutalidad. Para ellos, muchos de los llamados delincuentes son, apenas, víctimas elegíacas de la “portación de rostro”, un estigma genéticamente inmodificable que los condena a ser perseguidos injustamente por los uniformados. La sociedad, especialmente los sectores más acomodados, es cómplice de este accionar por su temor ante el lumpen generado por el mismo sistema que los enriquece en forma cotidiana. Es la vieja teoría marxista remasterizada, según la cual la ley y la policía son los gendarmes del orden capitalista contra el proletariado al que subyuga y condena a la miseria.
Pero el razonamiento es falaz simplemente porque, en el medio, se encuentra metido el negocio de la droga. El proletariado que imagina el izquierdismo actual ya no es aquél de overol estilo Tosco, sino algo mucho más complejo e inasible. Muchos de los delincuentes presentados como víctimas de la opresión capitalista están lejos de ser inocentes marginados, y se encuentran fatalmente permeados por el narcotráfico. La mayoría de ellos no vacilaría un instante en asaltar con toda la violencia a su alcance a muchos de los progresistas de clase media que se manifiestan ardientemente a su favor en marchas rituales con banderas rojas al viento. La explicación es sencilla: no existe ningún tipo de motivación política ni ideológica en este tipo de bandoleros, inmersos como lo están en una subcultura de violencia, llena de dinero rápido y de muerte fácil. Lejos de Robin Hood y mucho más próximo a los “Maras” centroamericanos, el delincuente urbano más típico no tiene ningún tipo de solidaridad ni empatía con los modelos conceptuales de la izquierda. Imaginamos incluso cierto desprecio de su parte por tanto clamor garantista, que les concede salidas fáciles de la cárcel pero que rebaja su prestigio de gente dura e implacable.
Si la muerte de Rivera Alegre no hubiera sido politizada al extremo conocido, la suya no hubiera pasado de ser una mención en la sección “policiales” dentro de los medios de comunicación. Pero, ahora que su esclarecimiento parece darle un respiro a la sucesión de malas noticias que vive la Policía, el caso no debería ser olvidado fácilmente. En primer lugar para evitar, en lo sucesivo, las explicaciones ideológicas de problemas muy prácticos y que nada tienen que ver con la política; en segundo término, para no olvidar las circunstancias mortales en que viven muchos sectores jóvenes en importantes barriadas cordobesas. Si por cien dólares falsos el “Rubio del Pasaje” debió pagar con su vida, es fácil imaginar que lo que el narcotráfico puede llegar a hacer ante agravios más importantes con otro tipo de actores.
El desenlace del caso Rivera Alegre debería llamar a la reflexión a quienes, irresponsablemente, arrojan sospechas por doquier sobre temas sensibles y de ninguna manera resueltos. Transformar al asesinato de este muchacho en un martirologio sin ningún tipo de pruebas objetivas fue un despropósito de parte de sectores más preocupados en esmerilar al gobierno de Córdoba que en conocer la verdad. De la izquierda este tipo de simplificaciones vaya y pase –es parte de su liturgia– pero que desde el oficialismo nacional se haya actuado en forma tan ligera es, cuanto menos, preocupante, especialmente cuando no se conocen similares afanes frente ante los excesos de la policía bonaerense o, dentro del propio gobierno kirchnerista, sobre el denominado “Proyecto X” de la Gendarmería Nacional, un explícito intento de espionaje sobre opositores y figuras de interés social.
Bueno es preguntarse, finalmente, sobre qué dirá ahora el diputado Carlotto sobre el asunto. ¿Hablará de derechos humanos? ¿Felicitará a la fiscalía que tuvo a cargo el caso? ¿O simplemente callará frente a un desenlace que nada tuvo que ver con sus anteojeras ideológicas? En ciertas ocasiones, los sonidos del silencio pueden resultar ensordecedores.