Sin levadura electoral, se encauza conflicto judicial

Los trabajadores conducidos por Irina Santesteban mantuvieron ayer el primer acercamiento con los responsables del máximo tribunal, encabezado por Carlos García Allocco, en el marco de la segunda mesa de negociación que emprenden desde que se desató la protesta. Allí, acordaron comenzar a trabajar con sus equipos técnicos para la confección de borradores que establezcan un nuevo orden de remuneraciones.
Los trabajadores conducidos por Irina Santesteban mantuvieron ayer el primer acercamiento con los responsables del máximo tribunal, encabezado por Carlos García Allocco, en el marco de la segunda mesa de negociación que emprenden desde que se desató la protesta. Allí, acordaron comenzar a trabajar con sus equipos técnicos para la confección de borradores que establezcan un nuevo orden de remuneraciones.

La intensidad de la recta final de la campaña electoral y el análisis posterior de los resultados, relegaron a un segundo plano de la agenda mediática al conflicto por la porcentualidad que encabezan los trabajadores judiciales. No obstante, en las semanas previas, los comicios del 27 de octubre operaron como un factor multiplicador de la tensión entre la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pasada la levadura electoral, el gremio y las autoridades del Poder Judicial retomaron la mesa de negociación para discutir la factibilidad y las condiciones del enganche de los empleados de tribunales con los salarios de los funcionarios, que por cierto ya gozan de la equiparación con sus pares de la Justica Federal en más de un 80 por ciento. Un dato a favor de los trabajadores es que la negociación se hace dentro del marco de su demanda: la porcentualidad.
Los trabajadores conducidos por Irina Santesteban mantuvieron ayer el primer acercamiento con los responsables del máximo tribunal, encabezado por Carlos García Allocco, en el marco de la segunda mesa de negociación que emprenden desde que se desató la protesta. Allí, acordaron comenzar a trabajar con sus equipos técnicos para la confección de borradores que establezcan un nuevo orden de remuneraciones.
Del encuentro participaron también miembros de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia y representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Hace unas semanas comenzó a avistarse un principio de tregua, cuando la entidad profesional que nuclea a los letrados volvió a ofrecerse como mediadora para reanudar el diálogo.
En la práctica se trató de una reunión preparatoria. Una suerte de etapa de reconocimiento, donde cada una de las partes sentó su posición y sus pretensiones. Sin espuma electoral que infle el volumen real del conflicto, las puertas del diálogo parecen asomar más diáfanas. Aunque, vale decirlo, a esta altura la sensibilidad es epidérmica.
Además la AGEPJ solicitó la incorporación “a la comisión a partir de la próxima reunión del secretario de la Federación Judicial Argentina, Carlos Ordóñez, en carácter de asesor del gremio o, bien, como representantes de los trabajadores judiciales argentinos”, indicó el comunicado del máximo tribunal.
Más allá de desencadenante del conflicto, en la mesa de diálogo entrarán a tallar seguramente otros puntos a negociar, como los descuentos que afectaron a los trabajadores en virtud de las medidas de fuerza que emprendieron durante el mes pasado.
En agenda ya quedó fijada la siguiente reunión para el próximo miércoles. Allí los representantes de las partes acercarán sus primeros bocetos de propuestas.
La demanda central es la porcentualidad, vale apuntar de manera progresiva, pues una drástica reducción de la brecha salarial representaría un impacto de consideración para las arcas provinciales. El gremio apunta a conseguir una equiparación para los empleados de planta del 70 por ciento de los salarios de los funcionarios. Y aunque ya abdicó de incluir dentro en ese porcentaje los ítems personales de cada juez y secretario (por caso la antigüedad y años de ejercicio, entre otros), busca superar el salario básico de los jerárquicos, que pasa los 30.000 pesos.
La pretensión inicial de los judiciales de incluir su reclamo dentro del presupuesto provincial 2014 parece diluirse. Todo indica que el oficialismo presentaría su cálculo para el año próximo de gastos e ingresos a la Legislatura dentro de aproximadamente quince días.
El reclamo de los trabajadores comenzó a tomar fuerza a principios de julio, cuando desde el gremio decretaron el trabajo a código (realizar únicamente las tareas previstas en los códigos procesales). Luego fue in crescendo. El TSJ amenazó por con descotar la jornada por esta medida y sobrevinieron dos tomas del edificio de Tribunales I.
Tras una breve intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia se interrumpió el interregno de negociación. Una magra propuesta del TSJ derivó en que los judiciales retomaran las medidas de fuerza y la solución del conflicto se dilatase. Luego haber dejado atrás las elecciones, comenzó la secuela de la mesa de negociación. Ahora sin la injerencia de factores externos.