La batalla por la libertad de expresión

Por Daniel V. González

p10-1Finalmente la Corte Suprema de Justicia consagró la constitucionalidad de la Ley de Medios, lo que en la práctica equivale a dar razón al gobierno en su pleito con el Grupo Clarín. Esto significará que la empresa mediática más importante de la Argentina deberá resignar algunos canales televisivos y emisoras radiales de los que posee. El gobierno, que ha resultado derrotado en los principales distritos electorales en los recientes comicios para diputados y senadores nacionales, ha festejado el fallo como un éxito de su política en la lucha contra los monopolios mediáticos y a favor de la libertad de expresión. Repasemos un poco la historia de esta ley y del conflicto que refleja y contiene.

Cuando Clarín era bueno
La edición de la Revista Noticias del 1º de marzo de 2008 traía en tapa una nota que denotaba la furia de la empresa y también de sus periodistas: El pacto Kirchner – Clarín. Es que una parte de la prensa estaba furiosa con el gobierno porque éste privilegiaba a Clarín dándole sus primicias periodísticas.
Pocos días antes de eso, el domingo 3 de febrero, Clarín había tenido en exclusiva una noticia fuerte: el acuerdo entre Néstor Kirchner (a la sazón presidente del PJ) y Roberto Lavagna. Recordemos el contexto: Cristina acababa de asumir la presidencia tras haber ganado las elecciones el 28 de octubre de 2007 con el 45% de los votos. Lavagna había salido tercero con el 17%, por una alianza integrada por la UCR. Lavagna concurrió a la Casa de Gobierno a entrevistarse con Kirchner para pedir su incorporación al Consejo Nacional del PJ y, de ese modo, sumarse a la estrategia política del kirchnerismo. Era una noticia política importante y Kirchner sólo le avisó a Clarín. Los otros medios estaban muy enojados. Por eso la tapa de Noticias hablaba de un trato preferencial del gobierno para con Clarín.

Aparece el monopolio
Poco más de un mes más tarde, todo cambió. Aparecieron los primeros carteles denunciando que “Clarín miente”. El fallecido periodista Bernardo Neustadt dio a conocer su versión sobre el tema: Kirchner quiso que Clarín vendiera el 20% de sus acciones a un empresario amigo. Clarín no aceptó. Entonces se transformó de la noche a la mañana, en un monopolio inadmisible. Además, durante el conflicto con el campo, cuando los ánimos estaban especialmente sensibilizados en la Casa Rosada, Néstor Kirchner estimó que Clarín no favorecía al gobierno en su visión del problema. Y entonces le declaró la guerra.
En su lucha contra Clarín, el gobierno refuerza todas las líneas de su política hacia los medios de comunicación: apretar a los que expresan una opinión crítica, crear y comprar decenas de radios, periódicos, revistas, canales de TV que pasaron a ser sostenidos por el gobierno y por empresarios afines a gobierno, con dinero público. Allí, de paso, se da sostén económico a periodistas, intelectuales y militantes ideológicos que impulsan el ideario K. Es el sueño de todo gobierno: multiplicar los aplausos mediáticos a sus acciones.

La Ley de Medios
En ese momento nace el proyecto de Ley de Medios, para disciplinar a Clarín y a todos los medios opositores. La idea que la conciencia de los ciudadanos es mansamente moldeada por los empresarios periodísticos, es una pieza importante de la ideología K. Es un aspecto de “la batalla cultural”, madre de todas las batallas según la idea gramsciana del poder. Hay que ganar el combate en el plano de las ideas y la comunicación y ello supone acallar las voces rivales y promover las adhesiones.
La Ley de Medios aparece como un modo de ampliar el espectro de opiniones, desconcentrar y democratizar el periodismo y la comunicación. Pero el objetivo no es otro que escarmentar al Grupo Clarín y continuar acumulando medios sostenidos con dinero público, en manos de empresarios afines al gobierno. Todo lo de más, carece de importancia para el gobierno nacional.
No hay que olvidar el contexto en el que fue aprobada la ley: el kirchnerismo había sido fieramente derrotado en los comicios del 28 de junio de 2009, adelantados por Néstor para evitar la derrota. La ley es aprobada a mediados de septiembre con una mayoría parlamentaria que ya no reflejaba la nueva situación política del país. Los diputados elegidos en junio aún no habían asumido. La mayoría de que aún gozaba el kirchnerismo no expresaba la nueva relación de fuerzas en la sociedad tras el conflicto con el campo y los comicios. No obstante, el gobierno contó con el apoyo y el voto favorable de varios partidos aliados, del Partido Socialista, el grupo de Pino Solanas y otros agrupamientos menores. Sólo cuatro diputados votaron en contra de la ley. El voto positivo provino de 106 diputados kirchnerista y 41 de grupos aliados. El grueso de la oposición se ausentó del recinto al momento de la votación.

El fallo de la Corte Suprema
Lo que sigue es historia reciente. Sobrevinieron las cautelares, las apelaciones y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. El mismo gobierno que había prorrogado las licencias a los canales de TV y que había autorizado la fusión de dos grandes empresas de cable, ahora iba contra el grupo que poco antes había sido favorecido por sus decisiones.
El grupo mediático amigo, de pronto se transformó en monopólico y el enemigo número uno de la prensa.
Finalmente, la Corte Suprema falló conforme al criterio del gobierno, declarando la constitucionalidad de la ley de medios y dando por válida la demanda de desinversión.
Es muy cierto lo que afirma el ministro Eugenio Zaffaroni en el sentido que Argentina estaba en retraso en materia de legislación sobre la prensa, si tenemos en cuenta la que rige en otros países. Pero sucede que tenemos un gobierno con una voluntad hegemónica que utilizará la ley de medios para presionar, amedrentar y, si puede, suprimir a los medios de prensa que piensen de un modo distinto. En el caso concreto de la Argentina, es evidente que con el argumento de democratizar la prensa lo que se procura es una concentración de signo favorable al gobierno, abonado con dinero del estado.
La Corte Suprema ya tiene un fallo muy importante respecto de la prensa y que no ha sido cumplido por el gobierno: el que establece que debe ser equitativo en la distribución de la pauta publicitaria. El juicio fue iniciado y ganado por la Editorial Perfil, perjudicada en la distribución de la publicidad oficial. La Corte falló a su favor pero el ejecutivo no acató la decisión de la Justicia. Ello solo ya serviría para connotar las ideas que el kirchnerismo tiene acerca de la prensa.

República y libertad de prensa
Pero el fallo ya está. El máximo tribunal se ha pronunciado y el debate ha terminado en algunos aspectos. Sin embargo, la Corte Suprema, en el propio fallo deja sentada su opinión sobre algunos temas que también hacen a la libertad de expresión y que no son pequeños.
Uno de ellos se refiere a la distribución de la publicidad. Dice que “la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial”. Y agrega que “el Estado afecta la libertad de expresión, si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.
También establece la Corte un criterio de utilización de los medios públicos por parte del gobierno, muy distante del que reina actualmente: “lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.
Respecto de la autoridad de aplicación, el AFSCA, que preside Martín Sabbatella, dice la Corte que “es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. Tenemos toda la impresión de que Sabbatella no es un funcionario independiente del gobierno nacional.
También establece que “en la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes, ajustarse a los requerimientos del debido proceso en todas sus decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural”.
Conociendo al gobierno como lo conocemos, sabemos que todos y cada uno de estas recomendaciones de la Corte Suprema caerán en saco roto y no serán acatadas por el gobierno, cuyo concepto de democratización de la prensa sólo alcanza al desmantelamiento del Grupo Clarín y el fortalecimiento de los diarios, revistas, radios y canales que le son afines.
Pero así funciona la República: a veces la Justicia falla en sintonía con nuestras ideas y a veces lo hace de un modo distinto. Y en ambos casos sus fallos deben ser aceptados y acatados. Está claro que el gobierno no lo ha hecho en algunos casos, violando en los hechos los postulados constitucionales y las leyes elementales de la convivencia republicana. Y eso no es aceptable, por supuesto. Pero tampoco lo es que si el fallo de la Corte no coincide con nuestros puntos de vista pasemos a la denuncia sobre mafias, acuerdos espurios, sobornos y chantajes. La constitucionalidad o no de la Ley de Medios es un tema jurídicamente opinable y un fallo favorable al gobierno era no sólo una posibilidad sino la alternativa más probable.
Además, no es justo caer sobre los ministros de la Corte Suprema en un tema que, antes de eso, fue debatido en el Congreso de la Nación y colectó el apoyo de diputados y senadores de varios partidos políticos, entre ellos algunos de la oposición.
El gobierno tuvo aliados sin los cuales la Ley de Medios no hubiera podido ser aprobada. Muchos de esos políticos compran, en líneas generales, los puntos de vista del gobierno respecto de temas sustanciales de la política oficial, que desbordan la discusión sobre prensa y medios y abarcan otros ámbitos tan importantes como la economía, la educación, los derechos humanos.
Pretender que la vigencia de esta ley se debe a la simple decisión de un juez de la Corte, es no querer ver el amplio campo de complicidades, aceptaciones y respaldos que tuvo la política oficial hacia los medios.