Rodríguez Villafañe: “Hay una inconstitucionalidad por omisión del Estado”

Por Juan Pablo Carranza
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miguel rodriguez villafañe 17-09“Una revolución jurídica laboral”, así define Miguel Rodríguez Villafañe al amparo colectivo que presentó con la rúbrica de 8 secretarios generales en Tribunales Federales en contra del Impuesto a las Ganancias. El escrito de 167 páginas y que es una novedad en términos jurídicos, alberga tres ejes centrales: el modo de cálculo del mínimo no imponible y las escalas (aquí radica el fundamento de los intereses individuales homogéneos), el pedido de actualización periódico y el alcance extensivo al sector obrero y no individual.
El constitucionalista, que hace pocos días participó de la audiencia ante la Corte Suprema de la Nación por la Ley de Medios patrocinando a cooperativas de cable del interior, es el patrocinarte de la iniciativa impulsada por la GCT Regional Córdoba, que contó con la firma del SEP, SUOEM, Luz y Fuerza Capital y Regional, Judiciales, AEFIP, AMET y personal jerárquico de EPEC y el respaldo de otros sindicatos.
“No se trata de jaquear a un gobierno, los impuestos o se deben y se pagan, o no se deben. Ganancias tiene que tener una lógica”, señaló el abogado que no oculta su simpatía con la Casa Rosada. Esta acción de clase recayó en el Juzgado Federal 3 a cargo de Alejandro Sánchez Freytes -en calidad de juez subrogante- y su resolución debería ser expedita. Esa es la naturaleza del recurso. Además, para evitar que el tributo siga afectando a los trabajadores, Rodríguez Villafañe introdujo también una medida cautelar.
“El artículo 4 de la Ley 26.731 específicamente manda a que el Ejecutivo actualice los montos de manera de evitar neutralizar los beneficios de la política salarial asumida por el gobierno. Y lo refresca con dos decretos de este año, el 244 y el 1.242, donde se dice que: ´El Poder Ejecutivo reconoce que está autorizado a realizar reajustes necesarios ´”, indica el letrado haciendo referencia también a las actualizaciones que están señaladas en la Ley del Impuesto a las Ganancias tanto para el mínimo no imponible como para las escalas.
Además de la defensa de problemas homogéneos, la decisión de presentar un amparo de carácter colectivo está en función de tres cosas: 1) que los beneficios alcancen a total de los afiliados a los gremios firmantes, 2) que haya un criterio unificado y no múltiples fallos con sentencias divergentes o contradictorias y 3) economía procesal, evitando así colapsar el sistema de Justicia. Vale agregar también que de esta forma se repele cualquier especulación relacionada con la proliferación de recursos judiciales individuales.
“El criterio para establecer el mínimo y las escalas no es objetivo”, señala el abogado al tiempo que hace lugar a la instancia propositiva de la demanda: calcular a través del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que depende exclusivamente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este índice no estaría sujeto a la manipulación, como por ejemplo el Indec, ya que sobre esta base el Estado estima parte de sus ingresos. Este indicador se establece a partir de las declaraciones juradas que realizan las patronales tomando como muestra los últimos 13 meses y se lo utiliza para tener una medida respecto de los aportes que se deben hacer al Anses . También sirve para las dos actualizaciones anuales de las jubilaciones. “Esto responde acabadamente a los valores se han ido actualizando los salarios”, indica, mientras resalta la impermeabilidad del RIPTE como número oficial.
La Casa Rosada sólo retocó el mínimo no imponible, pero no actualizó las escalas; de esta manera aquellos trabajadores cuyos salarios exceden los $ 15.552 sufren una deducción del 35 por ciento (ver cuadro). Este último anuncio amaneció como una reacción a los resultados cosechados por el oficialismo en las primarias.
Consultado acerca de los alcances de la reciente modificación de la Casa Rosada, Rodríguez Villafañe apunta que: “En el futuro, cuando llegue la partiría, si el mínimo no se mueve, los gremios van a tener el mismo problema: los que estaban afuera vuelven a entrar. El que está en el límite le aumentan el 25 por ciento y vuelve a pagar Ganancias. Llegamos a un absurdo: que no te aumenten el sueldo porque si no terminás trabajando para el Estado”. Punto a tener en cuenta para las dirigencias que, pudiendo haber firmado el escrito por no depender de entidades de segundo grado, no lo hicieron.
“Los impuestos, por definición, deben que tener cuatro características: legalidad, proporcionalidad, equidad y racionabilidad. Primero no respeta la Ley. Tampoco es proporcional, no pagás nada o pagás el 35 %. No hay equidad, afecta a los sectores más lábiles. Y por último no es razonable porque alcanza a la gente que gana $ 120.000 anuales”, argumenta el ex el juez federal.
“Este impuesto no sólo es regresivo sino que es ilegal. El artículo 25 de Ley del Impuesto a las Ganancias manda que se actualice anualmente. El Estado todos los años renueva la emergencia económica y si no pagás el impuesto te revienta. No se pretende no pagar, sino que el accionar del Estado es inconstitucional por omisión”, concluye el constitucionalista.