Causa por drogas se metió en la campaña

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La Justicia Federal ordenó un allanamiento en la oficina de Drogas Peligrosas, situada en la propia central de Policía de la Provincia.

Una denuncia del ex jefe del área de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia hacia un fiscal. Un allanamiento en el edificio de la mismísima central de la fuerza de seguridad. Cinco órdenes de detención para altos mandos de la institución policíaca. Una planificada reacción del PJ local denunciando sólo verbalmente que Nación opera a dicho fiscal y a una causa para sacar réditos políticos. Una jugada de la oposición, corta, pero jugada al fin, intentando citar al Ministro de Seguridad a la Legislatura para exponerlo públicamente.
Todo esto da cuenta de que el caso de la supuesta vinculación ilícita de un sector de la Policía con el narcotráfico que ya investiga la Justicia Federal se ha complejizado y ha pasado al ámbito de la política, con un tinte electoral.
Las elecciones legislativas serán en un mes y medio. El enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno provincial -una manifestación más de las constantes luchas internas del peronismo que borronean la línea que divide lo partidario de lo estatal- tiene aquí otro episodio. Todo se mezcla, nada es blanco o negro.
¿Quién sabe a ciencia cierta hasta qué punto el argumento delasotista de que la Justicia Federal fogonea la causa para perjudicar a la Provincia con el objeto político desdibujar el partido del gobernador (autodeterminado presidenciable) en la antesala de los comicios de octubre es cierto o no?
Que el gobierno central esté inmiscuido es un relato verosímil. Que Provincia esté diciendo justamente eso para gambetear y cambiar de foco un posible caso de corrupción de su Policía, también es un relato verosímil.
Inclusive, podría ser que ambos discursos sean verdad. Lo cierto es que, como parece natural en tiempos de proselitismo, la situación tomó alto grado de efervescencia política. Y muchos dirigentes piensan no solamente en el desenlace judicial, siempre más dilatado en tiempos, sino en el efecto político inmediato, es decir, en la percepción que genere en los votantes.

Hechos y contexto
El día de ayer vino cargado de sucesos en torno al tópico que hasta los medios nacionales se encargaron de reflejar.

1) Por la mañana, el ex titular de la Dirección de lucha contra el Narcotráfico de la Policía (que se auto licenció para ponerse a disposición de la Justicia Federal), comisario mayor Rafael Sosa, denunció penalmente al fiscal federal Enrique Senestrari acusándolo de efectuar el delito de violación de secreto de sumario e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al hablar en público de su investigación en torno a la vinculación entre policías y actividades de narcotráfico.

2) A las pocas horas se conoció un duro comunicado de la Asociación Nacional de Fiscales pidiendo al Jefe de Policía que se limite a cumplir su función y que colabore con la investigación.
“Antes las inapropiadas expresiones vertidas por el jefe de Policía de la provincia de Córdoba, con relación a la investigación que viene llevando a cabo el señor fiscal federal Enrique Senestrari, esta asociación de fiscales y funcionarios del ministerio público fiscal de la República Argentina, entiende necesario recordar que las fuerzas policiales deben limitarse a cumplir su función y colaborar en el ejercicio de la que es propia de los fiscales, mas de ningún modo emitir opinión sobre la labor de los integrantes del ministerio publico fiscal a quienes deben subordinarse”, expresaba el texto.



3) En horas de la tarde, el juez federal Ricardo Bustos Fierro dictó una orden de allanamiento a domicilios particulares de policías del área de Drogas Peligrosas y, en una acción inédita, al edificio central de la Policía.
El propio fiscal Senestrari estuvo presente para a supervisar los procedimientos. Y de manera llamativa expresó por canal 10: “Una organización se ha metido dentro del departamento de drogas de la Policía”.
El saldo de los allanamientos fueron la detención y apresamiento del director de Drogas de la Policía, comisario mayor Rafael Sosa, y de cuatro jerárquicos más (el comisario Alfredo Saine, responsable de dos Brigadas de Lucha contra la Droga, y el oficial inspector Franco Argüello entre ellos).

4) La respuesta política del gobierno provincial vino por parte del bloque de legisladores oficialistas (ver página 4). El jefe de bancada, Horacio Busso dijo textualmente: “Senestrari está siendo funcional los intereses del gobierno nacional, es una burda maniobra política”. Antes de presentarse a los medios había estado reunido con altos mandos provinciales para afilar el discurso.

5) El juecismo intentó un proyecto de citación al ministro de Seguridad Alejo Paredes, que fue rechazado en la Legislatura y la UCR envió un comunicado reclamando renuncias de la cúpula policial.