Congelarían adjudicación del transporte hasta las elecciones

Por Yanina Passero
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ilustra tamse a la frapeEl proceso de licitación del sistema de transporte público de la ciudad sigue el ritmo marcado por el intendente Ramón Mestre y los responsables de la Secretaría de Transporte. Iniciativa que no sería fácil con un gremio dispuesto a tumbarla, primero oponiéndose a la privatización de la empresa Tamse; después, tratando de impugnar la apertura de sobres a través de mecanismos de presión nefastos que terminaron con destrozos en la cristalería del Palacio 6 de Julio y más de una decena de imputados.
Poco a poco, las aguas se fueron calmando en virtud de distintos acontecimientos que se alinearon a favor de la restructuración de un sistema de transporte urbano que no cumple con un ordenamiento y funcionamiento basados en normas para considerarse, precisamente, “sistema”.
El primer gran inconveniente estaría zanjado. La conducción de la UTA aguarda la nueva reunión en el Ministerio de Trabajo (sería la última) para que firmen con los empresarios de Coniferal, Ciudad de Córdoba, Ersa y Santa Fe las garantías laborales que aseguren que ningún empleado quedará en la calle. Una novedad de último momento anticipa que la reunión tendrá un resultado positivo, pues las firmas que aspiran a dividirse el nuevo esquema que funcionará el año próximo superaron la etapa de análisis de la propuesta técnica y económica que siguió a la apertura de sobres que confirmó públicamente quiénes serían las compañías en competencia.
Según confirmó Alfil con altas fuentes municipales, para cubrir las futuras prestaciones debería contratarse nuevo personal. Sucede que las firmas no quieren quedar afuera del negocio y todas comprarían más coches de los que fijan los pliegos licitatorios; incluso, algunas prometen incorporar flota cero kilómetro. Claro, esto es sólo una recomendación y la decisión final la tendrán las empresas.
Otro punto a resolver eran los juicios millonarios por el boleto barato de Luis Juez cuando ocupó la intendencia. El fallo de la Corte Suprema en contra de la Municipalidad obligó a la gestión a revisar la forma de pago de 60 millones, pero sin dar respuesta a los fuegos cruzados de los juecistas, quienes insisten en que en el expediente judicial no se fija ninguna determinación de deuda ni honorarios. Aún restan dos demandas más que deberían negociarse antes de la adjudicación del sistema o las actuales prestadoras quedarían con los pies fuera del plato.

Última etapa
Con estos factores encarrilados, la comisión que se formó con miembros del Ejecutivo municipal ya tiene una apreciación formada sobre las propuestas técnicas y económicas de cada parte interesada. Contrariamente a lo que se especulaba, no se realizará en lo inmediato una presentación formal como ocurrió con la etapa de precalificación; aunque desde la Secretaría de Transporte confirman que las empresas cumplieron con todos los requisitos fijados en las bases de la licitación y que ya estarían en condiciones de hablar que serán las firmas en carrera las que trasladarán a más de 600.000 mil pasajeros por día en 2014.
Ahora bien, por la delicadeza del proceso desde la administración mestrista prefieren tomarse la situación con calma. No podrían permitirse un imprevisto de índole sindical o empresarial que obstruya el final feliz de la iniciativa. El costo político para la gestión sería incalculable y en un año electoral, los recaudos deben afinarse.
Éste sería el tercer elemento externo que invita a los alfiles mestristas a espaciar las etapas de la licitación. La siguiente y última instancia, la de adjudicación, no tiene una fecha definida. No obstante, son varias las voces que señalan que se aguardará hasta que termine la pugna electoral de octubre para firmar los contratos con las nuevas prestadoras.