El reclamo salarial de UTA, ¿un sabotaje a la licitación?

Por Yanina Passero
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bondi paro UTALa democracia interna que existe en la UTA Córdoba es innegable. La participación de sus miembros (todos) en la discusión de asuntos substanciales es una constante que se profundizó con el solapamiento de dos procesos que tocan fibras sensibles y sujetan a evaluación el poder de la cúpula sindical en su resolución favorable. Se refiere a la habitual negociación salarial y al proceso de restructuración del sistema de transporte urbano que prevé, entre otros cambios, la privatización de la Tamse.
Estos asuntos centrales no son atendidos con exclusividad por la conducción sindical ungida por el voto de los afiliados, como indica el manual. El referente sindical de los choferes, sus secretarios, asesores y delegados tienen injerencia directa en la toma de decisiones. Incluso, en un afamado gremio con peso específico propio como lo es el Suoem, buena porción del tiempo de su histórico dirigente se destina a la contención de los “micro gremios” que existen bajo su sombra. Pero la última palabra es de Rubén Daniele sin importar a quien le pese. Pero en la UTA la situación se presenta con mayor dramatismo. Podría pensarse en un gremio parecido a la Hidra de Lerna de la mitología griega, pues da la sensación que tiene varias cabezas. Las jerarquías existen también en las asociaciones sindicales y su avasallamiento puede atentar contra la armonía interna. Caso contrario, la anarquía misma.
Testigos directos de la paritaria en el Ministerio de Trabajo dan cuenta de las escaramuzas que protagonizan los miembros de la UTA cuando deben fijar una posición ante una oferta oficial. “Se dan mini asambleas en medio de las audiencias entre 30 personas o más. Todos opinan, hasta hay trompadas”, ilustran los veedores. Si se toma por cierto el testimonio de fuentes altamente informadas, se comprende porqué el gremio sostiene que no se hizo una oferta cuando se sabe que el municipio y empresas privadas están dispuestas a pagar un 26,7 por ciento, unos puntos más que el acuerdo firmado en Buenos Aires para los choferes del todo el país.
En este escenario, conviene preguntarse hasta qué punto el callejón sin salida que presenta la nueva pugna salarial de la UTA obedece a la imposibilidad de que un centenar de personas (con intereses particulares) se ponga de acuerdo sobre cuál debe ser el salario que merecen los choferes; o bien, si la conducción de Alfredo Peñaloza aprovecha la realidad interna estratégicamente para embestir la licitación ergo la entrega a manos privadas de la empresa de transporte municipal, principal yugo de poder sindical. Se plantea allí el interrogante que da título a esta crónica.
Luego de maratónicas reuniones en la sede de avenida Vélez Sarsfield y San Luis por la tarde, la conducción de la UTA resolvió ayer declararse en rebeldía y no acatar la conciliación obligatoria que dictó en la noche del martes el Ministerio de Trabajo de la Provincia. En conferencia de prensa Peñaloza comunicó que irán al paro por tiempo indeterminado hasta que la Municipalidad y la Fetap no tengan una oferta consistente. En otras palabras, hasta que los prestadores del servicio se resignen a pagar una recomposición salarial conforme a la escala presentada por el gremio. El proceder se encuentra justificado, según la visión de la UTA, porque “no existen medidas de fuerza que detener” (ayer el transporte fue normal) y “los choferes no cobran con aumento desde hace dos meses” (se depositó el salario pero sin reajuste). Hecha la ley, hecha la trampa.
Ahora bien, que el gremio diga que no existió una oferta salarial por parte de Fetap es una falacia. Pese a la resistencia, se sumaron a la oferta que planteó la Municipalidad la semana pasada y, según advierten, sigue firme la voluntad de conciliar las escalas paralelas que conviven en cada pugna salarial. Con la mejora local del 23 por ciento cerrado en Buenos Aires en un 26,7 por ciento para los 3.600 empleados del sistema, las transportistas pagarían 4.260 pesos mensuales más por empleado con todos los ítems contemplados. Para la UTA, el paquete debería quedar cerrado en 5.900 pesos. En los efectos prácticos, con una reactualización salarial de esa magnitud el impuesto a las ganancias se llevaría el “diferencial” en discusión y multiplicaría por dos los costos actuales para las empresas.
Así las cosas, la Fetap erogaría 15 millones de pesos más para sostener el costo laboral conforme a las necesarias reactualizaciones salariales en un contexto inflacionario. No pagará los 22 millones anuales que implicaría la escala salarial propuesta por la UTA. La variable se duplicaría según apuntan altas fuentes municipales e impactaría en la oferta económica que deben hacer Coniferal, Ciudad de Córdoba y las firmas interesadas de adjudicarse el servicio el año próximo, Ersa y Santa Fe.
La licitación debería declararse desierta porque no puede aumentarse la tarifa del boleto que, según confirman desde el municipio, ya tiene un precio objetivo elevado. Tampoco se incrementarán los subsidios nacionales que, pese al congelamiento del año pasado, volvieron a reanudarse en abril para sostener una suba de haberes en orden al 23 por ciento y se sabe que Nación mira con recelo el boleto a 4,10 pesos. El Gobierno Nacional volvió a enviar poco menos de dos mil pesos mensuales para cada chofer cordobés para enfrentar el nuevo aumento. La jugada de UTA, más clara que el agua.

En jaque
El Ministerio de Trabajo dictó anoche la ilegalidad del paro. La Municipalidad solicitará hoy a primera hora la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. UTA Nacional intimará a la filial cordobesa para que aborte su drástica determinación que dejará a pie a 600.000 usuarios o intervendrá el gremio -ya sería decisión tomada según pudo conocer Alfil. En la ilegalidad, Peñaloza pone en juego la personería gremial y la estabilidad laboral de los choferes que pueden ser sancionados o despedidos por las empresas. Todas las jurisdicciones de gobierno, incluso la entidad sindical madre, están del lado contrario de la vereda en la que hoy elige pararse la conducción de la UTA Córdoba.
La cúpula local atenta contra el esquema pactado en la paritaria nacional, donde la entidad empresaria nacional aceptó una suba conforme al techo fijado por el gobierno a cambio de rever el congelamiento de subsidios fijado por el ministro kirchnerista, Florencio Randazzo. Si se concreta la audiencia en la cartera laboral que anunció el secretario de Trasporte municipal, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, la UTA Córdoba habría perdido su oportunidad de resolver la cuestión salarial en Córdoba y evitar el “cobro de facturas” por parte del líder de los choferes en Buenos Aires, Roberto Fernández, por diferencias de gestión gremial con la filial local que datan de 2009.